Los regímenes autoritarios suelen emprendérsela contra las minorías, los “otros”, que le sirven de chivo expiatorio para justificar su actuar represivo e intimidatorio en la sociedad. El Perú no podría ser una excepción, y el cogobierno cívico-militar inaugurado en diciembre entre la señora Dina Boluarte y el Congreso echa mano del viejo recurso de la discriminación y la xenofobia con el fin de perseguir a los extranjeros que considere indeseables para expulsarlos del país con cualquier pretexto que estime un funcionario, sin derecho a la defensa.
Se trata de dos leyes aprobadas en el Congreso y promulgadas el 15 de febrero, que un tiempo atrás se venían anunciando[1], pero que se bloquearon por diferencias con el Ejecutivo de entonces (mes de octubre y noviembre de 2022). La Ley 31689, que modifica varios artículos (10, 45, 61 y 63) del Decreto Legislativo 1350 en el marco de la “seguridad ciudadana”. La otra es la Ley 31685, que incorpora un numeral al artículo 11 del mismo Decreto Legislativo “a fin de garantizar la protección a migrantes víctimas de violencia en situación de vulnerabilidad”.
La primera norma busca establecer medidas que limiten y condicionen la presencia foránea en el país. El artículo 10 del DL, numeral 6, sobre deberes de los extranjeros, planteaba: “Respetar el marco normativo vigente, en especial en lo referido al legado histórico y cultural del Perú”. A lo que se ha agregado: “al orden público, orden interno, seguridad nacional, seguridad ciudadana y las disposiciones sanitarias y ambientales”.
Puede parecer un añadido meramente retórico, porque más adelante se abunda en causales para la posible expulsión del extranjero, pero dada la coyuntura de agitación social que estamos viviendo en el país, y lo amplio y ambiguo que son los términos de orden y seguridad, esta norma se presta a la mayor arbitrariedad para impedir y sancionar cualquier expresión crítica o disidente con el poder y sus autoridades como, por ejemplo, cuestionar el manejo policial y de las Fuerzas Armadas, que han provocado cerca de cincuenta muertos de la población civil en este período.
A propósito, y ha quedado grabado en videos y fotos, la participación de un grupo de venezolanos, infiltrando las marchas y acompañando de manera violenta a los policías en acciones de represión, caso Barrio China en Ica. ¿Se considerará ello como “alteración del orden público”? ¿O solo se aplicará la norma dependiendo del sector político que se apoya?
La otra modificatoria, ya antes señalada[2], busca que los arrendadores, antes de alquilar viviendas, exijan a extranjeros documentos que prueben que su situación migratoria es regular, lo que es una grave discriminación, porque el encontrarse en esa situación no es un delito, y muchas veces es la propia Superintendencia Nacional de Migraciones la responsable de no otorgar los documentos a tiempo, por su manejo burocrático e insensible frente a los migrantes en situación de mayor indefensión.
Lo cierto es que durante ese período no podrá acceder a una vivienda formal, a lo que se sumará después que tampoco pueda acceder a prestaciones de salud, educación para los hijos o el mínimo derecho a comprar y vender algo.
Lo peor es que la legislación promueve la delación y soplonaje de los arrendatarios, que deberán informar a la autoridad migratoria sobre la situación legal de sus inquilinos, convirtiendo a los particulares, como en todo régimen totalitario, en otra pieza más de la maquinaria persecutoria del Estado.
En lo que respecta a la segunda ley, la misma se presenta como favorable a la situación de l@s migrantes vulnerables, respondiendo en parte a las demandas del colectivo de Mujeres Migrantes Maltratadas y otras organizaciones feministas y de derechos humanos. Así, se menciona que ni Migraciones, ni el ministerio de Relaciones Exteriores pueden “expulsar ni obligar la salida del territorio a la mujer migrante con hijas e hijos en situación de vulnerabilidad que sean víctimas de violencia familiar y sexual, víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes”. Pero, y el diablo está en los detalles, a continuación agrega: “siempre y cuando no sea responsable de dicha situación de vulnerabilidad”.
Otra vez, ¿quién, cómo y cuándo se determina la presunta responsabilidad de la mujer migrante? ¿Qué persona maltratada es culpable de la violencia que padece? Lo que se pretende, al parecer, es dar la imagen de una norma positiva y preocupada en cautelar a las personas vulnerables, en especial mujeres, pero dejando una trampa abierta a la interpretación del funcionario de turno, prestándose a la revictimización de l@s afectad@s.
Las propuestas que surgieron de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso fueron en su momento observadas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (desconocemos su posición actual, si la tienen) y la Defensoría del Pueblo, así como de distintas organizaciones no gubernamentales y asociaciones relacionadas con migrantes, mujeres y derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, que advierten el tono inquisidor y xenófobo de estos dispositivos. Los que antes parecían preocuparse por las acciones delincuenciales de extranjeros y ahora se centran más en que no puedan participar ni tener criterio propio de lo que pasa en el país, salvo si apoyan al régimen.
Los deplorables legisladores peruanos, empezando por el fujimorista que representa a los peruanos en el exterior y solo se preocupa en rendirle pleitesía al rey de España, olvidan o desconocen que estamos en un mundo globalizado, donde más de tres millones de peruanos viven fuera del país, en los cinco continentes, y en muchos casos en situaciones precarias y sin toda la documentación en regla.
Qué difícil se pondría la situación para ell@s si en los países de acogida les aplicaran, por simple reciprocidad, las propuestas draconianas y discriminatorias que se buscan imponer en el Perú. Así como el país y el mundo ha comprobado dramáticamente en los últimos días que hay peruan@s de primera y segunda clase, en el trato, los derechos democráticos y hasta en la opción de vida, también los hay entre los extranjeros, de puertas abiertas a los que tienen mucho dinero (así contaminen el territorio o no paguen impuestos) y sospechosa y restringida para los pobres, y si piensan diferente, peor. #MigrarNoEsUnDelito
[1] https://manoalzada.pe/politica/migracion-congreso-y-expulsiones-sin-derecho-a-juicio-y-defensa
[2] https://www.infobae.com/america/peru/2022/11/06/congreso-insiste-en-aprobar-ley-que-discrimina-a-personas-migrantes/