Modificar esta Constitución nacida de un golpe de Estado y redactada por un gobierno dictatorial, criminal y corrupto como el de Fujimori y sus cómplices es imprescindible. Sin embargo, la gestión de turno no tiene la capacidad, la deontología ni la legitimidad para hacerlo, pues no ha tendido los puentes necesarios para construir una democracia participativa, plural e inclusiva.
Las decisiones políticas que Castillo ha tomado hasta el momento han sido inocuas —cuando no perniciosas— y la elección de la mayoría de sus funcionarios peligrosas para el país (sin mencionar los casos de corrupción en los que se encuentra involucrado).
En lugar de comprometer a la ciudadanía en la toma de decisiones de los asuntos públicos que le atañen, lo que ha logrado es, mediante las «sesiones descentralizadas» de la PCM (que no son otra cosa que escuchar cantinflear a representantes del Ejecutivo en diferentes ciudades del país), fortalecer la verticalidad del Estado, donde el otro es visto como un sujeto de necesidad y carencia, en lugar de un productor de sentido y protagonista en la solución de sus propios dilemas cotidianos. La lógica sigue siendo la misma: «Yo sé qué es lo que te conviene», lo cual ha dicho y hecho tanto la derecha como la izquierda en el Perú desde siempre.
El gobierno debió promover la «participación comunitaria», fortalecer los lazos sociales y mejorar las relaciones con el Estado, tendiendo puentes a través de la confianza y legitimando el poder cedido por las y los peruanos mediante acciones que denoten un interés genuino por las problemáticas estructurales, y no reaccionar populista y demagógicamente. El Congreso, peor aun, ha sido solo el antagonista en esta telenovela.
Dejar un nuevo pacto social en manos de los cerrones y los aliagas sería nocivo para el país, pues ambas ideologías tienen el común denominador del fascismo, el cual amenaza a los grupos más vulnerables (por género, raza, sexo, condición económica, etcétera).
Insisto: es momento de cambiar la Constitución, pero no contamos con quienes nos representen en este momento (y nunca lo harán). Mientras tanto, que los poderes del Estado se avoquen a incluir en las soluciones de los problemas a aquellos que los padecen, el cual debería ser un trabajo intergubernamental entre las autoridades nacionales y las locales y regionales (que no sean ineptas ni corruptas) de todo el Perú.