Vamos a llegar a los 200 años desde que se inició la República y constatamos que en el Estado republicano está vigente la tesis de Jorge Basadre sobre el “Estado empírico”; es decir, un Estado que no representa la voluntad de las grandes mayorías, ineficiente en la planificación y, por ende, en la toma de decisiones, además de estar corroído por la corrupción.
Tenemos un Estado que no redistribuye y no gestiona la economía de manera justa y eficiente. Más bien hemos visto que durante las últimas décadas el gasto público es percibido por los gobiernos como un botín político del que hay que apropiarse y no como una solución a los enormes problemas de nuestro país. Por ejemplo, en plena pandemia que mata a miles de peruanos, se implementó Reactiva Perú para salvar a las grandes empresas, dándoles enormes sumas de dinero con bajos intereses; mientras los préstamos, que la mayoría de las MYPES, PIMES y emprendedores solicita, tienen tasas de interés muy elevadas, desprotegiendo de esta manera al pequeño y mediano empresario, y favoreciendo a la banca (agiotista y corrupta) y a las grandes empresas (explotadoras y corruptas también).
Por un lado, la mayor parte de los trabajadores se ha quedado sin empleo a través de la “suspensión perfecta de labores”; por otro lado, al no haber apoyo económico del Estado, muchos vieron desaparecer sus fuentes de trabajo y fueron obligados a recurrir al comercio ambulatorio.
Es necesario recordar sobre la economía peruana que “hasta antes de la cuarentena o del aislamiento social teníamos un 72% de trabajo en el sector informal, o sea, un poco más de siete de cada diez eran informales… Ahora con los resultados que estamos mirando, la caída de la actividad económica sostenida, considerando que de abril a junio tenemos 6.7 millones de desempleados y en junio estamos hablando de un 55% de desempleo, esto coadyuva a que la tasa de informales en el sector laboral pase posiblemente a un número cercano a nueve” (Burneo a Perú21, 20/agosto/2020), es decir, el 90% es informal.
Es evidente que muchos neoliberales (ligados más a la corrupción que a la economía libre de mercado) insisten en que los grandes problemas que nos aquejan los puede resolver la mano invisible del mercado (cacareado por los medios de comunicación, para hacer propaganda a López Aliaga o a Hernández de Soto , por ejemplo), por eso se impone la Constitución fujimorista de 1993, con fraude de por medio, que elimina la participación del Estado, condenándolo a ser solamente subsidiario de la inversión privada.
Así tenemos, por ejemplo, un Estado que no es capaz de proveer, primero, y segundo, de poner orden en el mercado del oxígeno, donde hay un monopolio que pone precios asesinos, por lo inalcanzables, a la población; como si no estuviéramos atravesando por un estado de emergencia sanitaria grave por la cantidad de muertes y de abandono total de la responsabilidad del Estado con sus ciudadanos.
La mayoría de la ciudadanía se ha visto totalmente desprotegida y perjudicada en una economía paralizada por la que el país atraviesa, lo que demuestra que la crisis económica principalmente recae en los más pobres, ese es el motivo por lo que se necesita discutir ¿cuál es el rol del Estado en la economía? Además, debemos respondernos si vale la pena mantener un modelo que permite que la rentabilidad del capital esté por encima del ser humano.
En este contexto hasta parece un insulto a la memoria de los miles de muertos el nombramiento del Dr. Ugarte como ministro de salud, pues es sabido que en el 2010 él, elevó el grado de pureza del oxígeno de 93% a 99% a través de la Resolución Ministerial N°062-2010 favoreciendo a dos empresas: Air Products, de capitales americanos, y PraxAir, que pertenece al grupo Linde de capitales alemanes. Este monopolio perverso ha terminado ahogando en sintonía con la covid19 a las personas, cabe precisar que en la mayor parte del mundo se le suministra oxígeno medicinal a las personas con un valor de 93% de grado de pureza, este favorecimiento sumado a presupuestos mezquinos en los últimos años ha permitido tener centros de salud en ruinas acompañados de profesionales de la salud maltratados y sobrexplotados.
Es necesario que promovamos una corriente de opinión para una nueva Constitución en donde se logre un nuevo pacto social, pues si algo hemos aprendido en carne propia durante la pandemia es que el modelo neoliberal no resuelve las desigualdades más bien las incrementa, además antepone el capital por encima de la vida, ya es momento de que una opción con ideas progresistas merezca ser aplicada en el intento de ser una verdadera república y no la republiqueta que las élites en compañía de su partidocracia ha construido en estos casi 200 años de existencia.
Finalmente, muchos liberales se alegraron con la sentencia del TC que deniega la devolución de los aportes de la ONP para los jubilados, en ese sentido sería bueno preguntarles ¿dónde queda el liberalismo de los derechos sociales e individuales? Y ¿cuál debe ser la función del TC para proteger estos derechos?