IDL reveló nuevos audios que confirman el pacto de Hinostroza con el juez Hugo Velásquez para que acepte la demanda de la Asociación Nacional de Magistrados y homologue a los magistrados por montos que superan el millón de soles cada uno.
En el 2009, la ANM demandó al Poder Judicial solicitando que los sueldos de aproximadamente 3 mil magistrados sean homologados y equiparados al nivel de un congresista, como lo permite la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada en 1993.
Pese a que parte de los beneficiados eran parte y juez de la decisión, en el 2010 se declaró fundada y luego de las gestiones del exjuez Hinostroza el año pasado el juez titular del 5to Juzgado Constitucional de Lima, Hugo Velásquez, ordena el pago de 18 millones 119 mil 842 soles a Víctor Prado, Duberlí Rodríguez, Ana María Aranda, Javier Arévalo, Vicente Walde, Ángel Romero, César Hinostroza, entre otros.
Velásquez decidió que se pagará la suma que los magistrados habían dejado de ganar desde 1993 hasta el 2013; es decir, los devengados. La Procuraduría del Poder Judicial apeló en la Primera Sala Constitucional de Lima, alegando que el pago de devengados no fue pedido en la demanda de 2009.
En los audios se escucha como Velasquez le rinde informe a Hinostroza sobre su caso y le pide que presente un escrito para avanzar más rápido el proceso. En otra llamada, el exjuez le pide celeridad en el caso: “Hermano, te llamaba por el asunto de mi tema, pues (…) Por favor pues hermano, ya hace una semana está ahí”.
Después de conocerse estos audios, Hinostroza declaró para Perú21, que no cobraría ese dinero porque no hay presupuesto. “Pagan mil soles, 500 soles hasta que te mueras. Yo no he percibido nada. No me interesa la plata. Tengo problemas más importantes que resolver”, declaró.
Mientras el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, también beneficiario de esta medida, declaró para Canal N: “Acabamos de escuchar con indignación lo que se ha hecho público a través de estos audios. Estoy disponiendo que la OCMA inicie la investigación contra este magistrado, a fin de que se apliquen las medidas que correspondan para casos graves como este”.
Asimismo, aseguró que durante su gestión “no se dispondrá pagar ningún reintegro por homologación, pues no hay, ni habrá presupuesto para ello”.
El proceso está en la Primera Sala Constitucional de Lima en espera de una resolución.