El excongresista fujimorista Héctor Becerril podría ser obligado a no salir del país luego de que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programara el lunes 3 de agosto a las 9 am la audiencia de impedimento de salida del país dentro de la investigación que se le sigue por cohecho pasivo impropio, tráfico de influencias agravado y otros.
El pedido de requerimiento fiscal fue entregado el 27 de julio por la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que solicita impedimento de salida por 36 meses contra el polémico excongresista, quien a través de sus redes sociales no duda en insultar día tras día a cualquiera que apoye al gobierno de Vizcarra, con frases soeces generalmente.
Las dos denuncias presentadas por Ávalos contra Becerril incluyen los delitos de cohecho pasivo propio, extorsión, organización criminal, concusión, colusión simple agravada, patrocinio ilegal, corrupción de funcionarios y tráfico de influencias. Además de infracciones contra al menos cuatro artículos de la Constitución por actos cometidos en el caso “Los Temerarios del Crimen” y por delitos cometidos por gestiones con la Municipalidad de Aucallama.
La investigación busca probar que Becerril fue el nexo entre empresas que querían ganar licitaciones con la Municipalidad de Chiclayo, administrada por el líder de “Los temerarios del Crimen”, David Cornejo Chinguel, para lo cual el excongresista recibía sobornos como la instalación de porcelanato en sus casas. Así como de ofrecer asignaciones presupuestales que eran captadas por la organización criminal.
También se le acusa de ofrecer y gestionar presupuesto destinado a la Municipalidad Distrital de Aucallama (Huaral). Con esto buscaba que el municipio pague una deuda pendiente de 300 mil soles con la empresa Red Medical Dental & Bussiness de su hermano Segundo Becerril.