- Manifestantes serán juzgados de la misma forma que secuestradores, homicidas y narcotraficantes
A través del Oficio N° 046-2023-PR enviado el 17 de febrero, Dina Boluarte y su primer ministro le solicitan al Congreso de la República votar a favor del PL que modifica el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal con el fin de “reforzar la respuesta del Estado frente a los delitos que afectan la vida, el cuerpo y la salud, así como los bienes públicos y privados cometidos durante la vigencia de un estado de emergencia”.
PL que seguramente tendrá el beneplácito del Congreso, pues lo que buscan es asegurar su continuidad hasta el 2026, por lo que todos esos PL que hemos visto debatirse para el adelanto de elecciones, eran un distractor mientras la población era masacrada en las calles.
Boluarte y Otárola quieren incrementar la pena de cárcel para los siguientes delitos: lesiones leves, que actualmente tiene una pena de 2 a 4 años, pretenden aumentarla a entre 8 y 14 años, como si juzgaran a una banda de narcotraficantes. Formas agravadas de daños de bienes, cuya pena es de 1 a 6 años, ahora sería de 4 a 8 años. Atentados contra medios de transporte, es de 3 a 6 años, Boluarte quiere que sea de 8 a 20 años, como un homicidio agravado. Disturbios, que es de 6 a 8 años, con el Boluartazo sería no menor de 15 años, acá podrían entrar todos los “amigos” de La Resistencia.
Otra de las graves medidas contra las garantías personales de las y los manifestantes y de cualquiera que se cruce en el camino de la policía y les caiga mal, sería detenerlos más de 48 horas, que es lo máximo, y realizarles juicios inmediatos, sin garantías evidentemente, porque la Fiscalía suele aparecer después de que siembran a las personas con libros de Marx.
Y Boluarte y Otárola quieren que se vea este tema de forma urgente.
