Luego de escucharla decir que no entiende por qué protestan en Puno, y después de que su primer ministro, Otárola, señalara que los manifestantes aymaras y quechuas de esa región están financiados por el narcotráfico, la presidenta Dina Boluarte, en su último mensaje a la nación manifestó que no renunciaría, quizás la única demanda que moviliza a miles de peruanos desde el 4 de enero, que se retomaron las protestas en contra del gobierno cívico-congresal-militar que nos gobierna luego del suicidio político de Pedro Castillo.
A pesar de que pidió perdón por el saldo trágico de su gobierno, con más de 40 peruanos asesinados a manos de la policía, siguió señalando a gente externa como los que manejan a los protestantes, a quienes llamó “azuzadores extremistas”, ignorando la forma comunitaria en la que se organizan los pueblos aymaras y quechuas cuando no están de acuerdo con las medidas de cualquier gobierno.
Así también, a pesar de las cientos de pruebas del accionar policial y de los disparos a quemarropa contra la población civil que protesta, contra periodistas y contra cualquier vecino que grave sus abusos, incluidos madres de familia y niños, Boluarte mencionó que las muertes fueron producidas por armas que vinieron del sur o de Bolivia, afirmación que ha sido negada por representantes bolivianos, quitándole toda responsabilidad a la PNP.
Boluarte también hizo un símil con lo que pasaba en los 80 para intentar explicar lo que está pasando hoy, siguiendo a pie juntillas el discurso de la derecha más fascista peruana, para la cual todo aquel que protesta es un terrorista y debe ser exterminado. Discurso que origina y justifica asesinatos a civiles, detenciones a dirigentes y líderes, y persecución a cualquiera que tenga en su poder un libro de Marx.
La presidenta volvió a mencionar que quienes se oponen a su gobierno son “machistas radicales”, a pesar de que cientos de mujeres le exigen que renuncie, y ya su ministra de la Mujer renunció a su cargo, empujada por las protestas del movimiento feminista, la cual ha sido remplazada por una antigua asesora de la fujimorista Luisa Cuculiza, Nancy Tolentino.
Sumado a la decisión de colocar como ministro del Interior al fujimorista Vicente Romero Fernández, recordado por apoyar a Alberto Fujimori repartiendo su calendario junto a la procesada por corrupción Keiko Fujimori, se ha consolidado un gobierno fujimorista presididio por Boluarte con apoyo del Congreso y de las Fuerzas Armadas.
