La Comisión que investiga el supuesto fraude en las últimas elecciones, que ya fue negado y archivado en parte por distintos organismo estatales, incluido el Ministerio Público, en resumen, porque no existe ni un solo testigo sobre esto hecho, ha gastado el 97% de su presupuesto en cuatro asesores relacionados al fujimorismo, partido político que inventó el fraude no solo para no reconocer la voluntad popular, sino, como vemos ahora, para enriquecerse a costa de su mentira.
En esa Comisión trabajan Roque Augusto Bravo Basaldúa y Andrés Eduardo Salas Jaén como asesores nivel II; y Daniel Ernesto Rodríguez Sánchez y Federico Guillermo Muñiz Salmón como técnicos, desde octubre de 2021, aunque solo tres continúan. Un informe del área administrativa del Congreso señala que en estos cuatro empleados el Congreso ha gastado 144,194 soles hasta enero.
El asesor nivel II, Andrés Eduardo Salas Jaén, es un almirante de la Marina en retiro y militante de Renovación Popular, “casualmente” el mismo partido que preside la Comisión, a cargo del congresista Jorge Montoya.
Los fujimoristas Roque Augusto Bravo Basaldúa, asesor II, y Daniel Ernesto Rodríguez Sánchez, técnico, se beneficiaron antes también de un sueldo en el Congreso, pues trabajaron en la Comisión Lava Jato, presidida por Rosa Bartra y que decidió limpiar de polvo y paja a Alan García y Keiko Fujimori, los principales implicados en los sobornos de Odebrecht.
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El técnico Federico Guillermo Muñiz Salmón solo trabajó cinco días en la Comisión, según Montoya, fue muy productivo, pero ya no lo necesitaba. Muñiz Salmón sido aportante de Fuerza Popular y está incluido como testigo en el proceso judicial que se le sigue a Keiko Fujimori por lavado de activos.
De las 12 sesiones que han tenido hasta el momento, solo una ha sido pública, el argumento que maneja la Comisión para guardar en el mayor de los secretos lo que se dice ahí es, según Montoya, que no se tergiverse lo que se dice en las sesiones. Pero otros señalan que es para ocultar
De las 12 sesiones que han tenido hasta el momento, solo una ha sido pública, el argumento que maneja la Comisión para guardar en el mayor de los secretos lo que se dice ahí es, según Montoya, que no se tergiverse lo que se dice en las sesiones. Pero otros señalan que es para ocultar los intereses de sus miembros y la falta de conocimiento de la ley electoral.