- Amnistía no es justicia, es impunidad para responsables de violaciones a los derechos humanos.
Bajo el lema «Hasta que la justicia se haga costumbre», los familiares de víctimas de crímenes de Estado ocurridos entre 1980 y 2000, así como durante los regímenes de Manuel Merino y Dina Boluarte, realizarán este jueves 18 de septiembre una serie de acciones públicas para exigir justicia, ante la presentación de una demanda de inconstitucionalidad sobre la Ley de Amnistía que la Defensoría del Pueblo impulsa, la que busca que el Tribunal Constitucional emita una resolución que obligue a los jueces y juezas a aplicarla.
Estas acciones se desarrollarán en el marco de las protestas que se realizan cada jueves contra la Ley de Amnistía que favorece a los responsables de violaciones a los derechos humanos.
La jornada comenzará a las 3:30 p.m., con una acción simbólica de protesta frente a la sede de la Defensoría del Pueblo (Jr. Ucayali N° 394, Lima). En este acto, los familiares de las víctimas, junto a colectivos y activistas por los derechos humanos, entregarán una carta dirigida al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez. La misiva expresa el rechazo a la demanda de inconstitucionalidad presentada por él ante el Tribunal Constitucional (TC) el pasado lunes, acción que contradice la posición pública de los familiares, quienes han exhortado reiteradamente a las instituciones del Estado a no presentar recursos legales que validen una ley incompatible con la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Desde su promulgación, jueces y fiscales ya han venido inaplicando la Ley de Amnistía, reconociendo su carácter inconstitucional e inconvencionalidad. Sin embargo, preocupa que el Congreso, el Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo e incluso integrantes del propio TC estén favoreciendo la impunidad, debilitando aún más el acceso a la justicia.
Luego de la entrega del documento, se realizará una caminata hacia el frontis del Palacio de Justicia, donde, a partir de las 5:00 p.m., se desarrollará un nuevo plantón como parte de la vigilia que los familiares sostienen desde hace cinco semanas de forma ininterrumpida.
Los familiares alertan sobre la gravedad del escenario actual, pues existe el riesgo de que el Tribunal Constitucional declare constitucional la Ley de Amnistía. De ocurrir esto, los jueces, juezas y fiscales quedarían impedidos de ejercer el control difuso, dejando a las víctimas y sus familias en una situación de absoluta indefensión.
«La impunidad no prosperará. La lucha por justicia continúa», reafirman los familiares, decididos a seguir alzando la voz y movilizándose por la verdad, la memoria y la justicia.