El peligro para el país no es únicamente que un condenado por asesinato y corrupción como Fujimori siga robándonos a través de una pensión —y demás gollerías— que no merece, sino que Fuerza Popular (y Alianza para el Progreso y sus demás cómplices) impongan la narrativa de que porque fue indultado Fujimori es inocente de todos los cargos por los cuales fue sentenciado (y por lo tanto, debe recibir más de 15 mil soles mensuales).
El indulto trucho, producto de intereses e intenciones malsanas, no borra de nuestra historia —ni memoria— las víctimas que Fujimori (y Montesinos), mediante las Fuerzas Armadas y grupos de aniquilamiento como Colina, mandó a secuestrar, desaparecer, violar, torturar, asesinar, etcétera, ni todos los robos perpetrados contra el Estado o las políticas públicas perversas como esterilizar mujeres contra su voluntad. Premiar al genocida Fujimori con nuestro dinero sería como si a Videla en Argentina o a Pinochet en Chile los hubiesen liberado y después de haber cometido innumerables crímenes les pagaran por «sus servicios».
Este discurso de que el terrorista —de Estado— Fujimori mediante el indulto se convierte en un santo no solo es una burla para los muertos, sus familiares y todos los peruanos y peruanas, sino que promueve una arremetida del fujimontesinismo hacia el poder. Esto se suma a que gracias al «congrezoo» sus crímenes ya no serán considerados de lesa humanidad, y por lo tanto no podrá ser juzgado ni condenado bajo esta figura (pues fueron perpetrados antes del 2002). Si no hacemos algo ahora, un día el asesino y corrupto Alberto Fujimori volverá a ser dictador del Perú (sin siquiera haber postulado).