La controversial Ley Mulder amaneció con más voces de peso en contra; del Ejecutivo, CIDH, organizaciones y sociedades, analistas, constitucionalistas, entre otras.
Varios consideran que esto es gasolina para el ímpetu de la mayoría congresal que podría sentir amenazado su poder. Aquí te mostramos lo que dijeron.
Desde arriba
El presidente de la República, Martín Vizcarra, cuestionó a la polémica norma y preguntó cómo podrían llegar a la población si no es con los medios de comunicación. “No estamos de acuerdo con esa norma, el Estado debe tener facilidades para comunicar a la población todo lo que requiere de ella para cumplir sus objetivos”, señaló.
Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió sobre el camino que puede tomar el país con la validación de esta ley. “El objetivo real es afectar a los medios que son independientes, que son críticos y que investigan los hechos de corrupción”, dijo.
Asimismo, el representante de la CIDH subrayó que “se puede interpretar que un grupo de legisladores quieren un periodismo dócil y súbdito a ellos”.
Una voz más tibia que se unió al coro de rechazo fue la del titular de la Defensoría del Pueblo, Walter Gutiérrez, quien vio necesario un debate más amplio sobre la “Ley Mulder”. “Como dije en el Congreso, no estoy de acuerdo con esta norma, pero tampoco estoy de acuerdo con que el estado actual de las cosas se mantenga como está”, dijo.
Es inconstitucional
Por su parte, el director de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), Jorge Baca, consideró que le Congreso estaría teniendo una actitud autoritaria. “Diversos constitucionalistas han dado cuenta de los graves vicios en los que incurre este proyecto, que es inconstitucional, porque trasgrede el derecho de información de todos los ciudadanos”, remarcó.
De la misma manera, el constitucionalista Samuel Abad resalto la falta de sustento que existe en el dictamen de la ley que estaría por aprobarse. “Usan como argumento que este vacío se puede solucionar con el canal del Estado, con los medios de comunicación públicos y redes sociales, pero no tienen sustento para decir que no será equivalente a los medios de comunicación privados”, sostuvo.
Recordemos que en el artículo 2 de la Constitución se señala que las personas requieren libertad de información a través de cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos. Al ciudadano no se le puede privar de información, incluso la que requiera “sin solicitar expresión de causa” a las autoridades.