Escribe: José Ramos López*
El debate sobre el pasado violento ha retornado con fuerza en los últimos años como una preocupación pública centrada en cómo proteger a las instituciones del Estado que han tenido una responsabilidad directa mas que la atención del dolor a las familias de las 69 mil víctimas, estimada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Entonces, no hay un interés de reparar ni dignificar sino una actitud autoritaria de limpiar la imagen de las fuerzas armadas y partidos políticos con impunidad. La pretención de verdad sostenida por los supuestos ‘defensores de la memoria de los heroes caídos’ pierde el sentido testifical y democrático para convertirse en una retórica que busca infundir terror y miedo al hablar sobre el pasado.
La preeminencia del fujimorismo y actores políticos con responsabilidad directa sobre la violación sistemática de los derechos humanos durante los años de violencia (1980-2000) tiene el objetivo de establecer unos parámetros de ‘encuadrar la memoria’. Puede resultar obvio, pero es ahí donde se instala algunos aspectos que es necesario discutirlo. Primero, hablar de la memoria en una sola vía: la de los militares y familiares de grupos de poder. De acuerdo a su posicionamiento, recordar el pasado violento debe traducirse en recordar la lucha de militares que ofrendaron su vida luchando contra el terrorismo. Por tanto, este posicionamiento busca poner a los policías y militares como ‘los legítimos defensores de la democracia’ y víctimas. Esta manera de hablar de la violencia les posiciona en un sentido de heroicidad y patriotismo, que les impide reflexionar sobre la responsabilidad de haber ejercido torturas, ejecusiones extrajudiciales y violaciones sexuales masivas.
Segundo, la imposición de la memoria salvadora como la verdad absoluta. Reiteradamente, se destaca el rol de las fuerzas armadas en la derrota de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) como la muestra máxima de la defensa de la democracia. Entonces, al ser personal en ejercicio de sus funciones de ‘proteger a la ciudadanía’, se establece la legitimidad de los ‘salvadores de la democracia’ y poseen una voz autorizada para hablar sobre el pasado violento. Su testimonio encarnado refuerza la institucionalidad militar y califica las violaciones a los derechos humanos como ‘excesos aislados y personales’. Además, su memoria es presentada como ‘verdad absoluta’ negando otros testimonios de miles de ciudadanos y ciudadanas. Esa institucionalidad estatal reproduce el autoritarismo en el campo de la memoria: hablar del enemigo como ‘inhumano’ y negar la violencia ejercida.
Asimismo, la memoria salvadora no necesariamente representa la voz de miles de licenciados que fueron levados en contra de su voluntad y colocados en situaciones extremas. Ni mucho menos del daño psicológico que tienen producto de la guerra, sino la preocupación central es instalar el odio hacia el otro subversivo como ‘culpable’, por tanto ‘eliminable’. Esta lógica en la memoria genera una verdad absoluta a tal punto que desconoce el dolor de las otras víctimas campesinas, que son consideradas genéricamente como ‘familiares de terroristas’.
Tercero, la memoria negacionista. Una memoria que solo se concentra en su dolor sin escuchar otras voces ni reflexionar sobre las lecciones aprendidas es peligrosa por su instrumentalización. La posición de escuchar de manera excluyente sin sentido crítico de los hechos de violación muy bien documentados lleva a una ceguera ética y humana. La negación de las masacres de Putis, Accomarca, Cayara y su justificación como la única respuesta efectiva es más útil para la institucionalidad militar que para la ciudadanía. Porque esto permite validar la militarización de la cotidianidad frente a la inseguridad ciudadana o las protestas sociales. En ese sentido, el negar la responsabilidad de los efectivos policiales y militares en el uso de la violencia letal solo pertetúa un horizonte violento.
Cuarto, reescribir la historia. Dos frases son recurrentes cuando se habla de manera crítica al pasado violento: ‘dejar el resentimiento’ y ‘reconciliarse’. La principal razón de los defensores de la memoria salvadora es la existencia de un sector organizado por agencias internacionales que buscan desprestigiar la labor de los militares, fundar odios y ‘tergiversar la verdad’. Por un lado, sostienen que la insistencia por recordar el pasado solo genera división y que se debe más bien pensar en los reales problemas nacionales como seguridad, empleo y desarrollo económico. Por otro lado, utilizan determinados eventos del pasado, donde el principal responsable son Sendero Luminoso o MRTA, para infundir miedo, terror y alargar la militarización para combatir el terrorismo. Pero el trasfondo es reescribir la historia de tal manera que se enaltezca la labor heroica del personal estatal sin reflexionar ni sus causas ni sus consecuencias y mucho menos de la continuidad de la violación a los derechos humanos.
Porque el sentido de tergiversación sobre derechos humanos ha sido brutal a tal punto de considerar como sinónimo del intervencionismo internacional de izquierda o la pérdida de autonomía. O aquellas que la consideran como una ideología que estorba y hace daño. No sorprende que son los exmilitares haciendo política para salir de las convenciones que respetan la vida, que promocionan el discurso de odio y su solución es la muerte. A este punto, uno debe preguntarse si ese es el camino de nuestra sociedad: ‘matar a los malos para vivir los buenos’. Lamentablemente, el escenario es distinto, más leyes de impunidad y la prescripción de los delitos de lesa humanidad.
En consecuencia, se hace necesario retomar la utilidad de la memoria y sus aportes en la construcción de una sociedad democrática. Al ser público, la memoria busca reconocimiento y reflexión en clave del futuro. Se trata de reconocer la condición de humanidad, del dolor y la dignidad. A la vez, se organiza el recuerdo para su transmisión de valores que aseguren la no repetición de la violencia y que permita poner en la centralidad la condición humana. Por eso, toda memoria tiene un grado de reflexividad porque permite realizar una selección de qué contar, qué silenciar y qué olvidar. Inclusive, la memoria negacionista requiere de mucha reflexividad para sostener su pretención de verdad e imponerse.
¿Cómo pensar la memoria como horizonte humanitario y democrático? Un primer paso es a través de las lecciones que nos deja la CVR como un precedente para construir una sociedad igualitaria y libre de violencia. No solamente los testimonios y las audiencias públicas, la explicación de las razones y las recomendaciones para salir del entrampe social de la desigualdad; sino por su carácter de dignificación. A través de sus nueve tomos entregados el 2003, se convierte en la labor más sistematizada y descentralizada que existe sobre el periodo de violencia.
A 23 años de la entrega del Informe final de la CVR, en un gobierno fujimorista es necesario volver nuevamente a la importancia de la memoria para la comunidad peruana que somos. El escenario es adverso porque se ha desmantelado el valor de la CVR por estudios y opiniones mediáticas que sacan primicias de aspectos que la CVR lo dijo en su momento. En vez de seguir construyendo la democracia, en vía contraria, hay un aparato orquestado en promover valores antidemocráticos como el autoritarismo, la impunidad y la injusticia. Por eso, la CVR y lugares de memoria que posibilitan el pensamiento crítico son los puntos de llegada para vaciar su contenido e imponer una versión alejada de la realidad.
En ese sentido, es necesario luchar contra el vaciamiento de los contenidos de la memoria en clave de responsabilidad democrática e humanitaria. Ahora más que nunca se requiere estar en defensa de la continuidad de los programas de reparación principalmente a sectores que han estado postergados: grupos desplazados y víctimas de violencia sexual. Asimismo, continuar con la búsqueda de las 22 780 personas desaparecidas y la restitución de restos a los familiares. Otro aspecto en riesgo son los procesos de alcanzar la justicia en los casos de lesa humanidad que peligran por las leyes de impunidad aprobadas el 2025 y 2026.
La esperanza está en la ciudadanía y los colectivos organizados que siguen haciendo memoria a través de diversas propuestas. Porque la memoria responsable seguirá siendo un punto de encuentro y dignificación para que superemos la desigualdad, el racismo y la deshumanización.
*Antropólogo UNSCH.