- Pueblos indígenas y Estado proponen mejoras. Especialistas comparten desafíos para los derechos indígenas a 30 años de vigencia en el país del Convenio 169 de la OIT.
- Plantean fortalecer los mecanismos de seguimiento de acuerdos, implementación de la consulta previa legislativa y promulgar la Política Nacional de Pueblos Indígenas al 2040 tomando los acuerdos de consulta que llegaron con las organizaciones indígenas.
A 30 años de la vigencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el Perú, el país ha desarrollado 111 procesos de consulta previa para garantizar la participación de los pueblos indígenas en decisiones que afectan sus territorios, modos de vida y recursos. Sin embargo, el cumplimiento de los acuerdos alcanzados llega a un 50%, según lo expresado por el Viceministro de Interculturalidad Percy Barranzuela.
Al respecto, Iris Olivera, coordinadora del Programa Derechos de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales-DAR, indicó que es necesario desarrollar herramientas de acceso público a la información para fomentar la vigilancia y revisión de la implementación de los acuerdos. Agregó que estos mecanismos contribuirán a que los compromisos estatales se traduzcan en acciones concretas.
Percy Barranzuela señala que se han creado espacios de diálogo dentro de la Comisión Multisectorial de Consulta Previa para evaluar avances y respetar los acuerdos. “También es importante acceder a información actualizada sobre las comunidades indígenas para que las entidades estatales tengan mayor predictibilidad en sus acciones”, explicó.
Diego Saavedra, líder de Proyecto en DAR, señala que “esa tuerca por ajustar” debe enfocarse en dos direcciones, una en fortalecer la institucionalidad, dotar al Ministerio de Cultura de mayores capacidades como ente rector en derechos indígenas, esto implica fortalecer el reglamento de la ley de consulta previa y su implementación. Además, visibilizar e incorporar los protocolos de consulta previa como aportes para complementar y mejorarla.
Estos esfuerzos están conectados con la Política Nacional de Pueblos Indígenas al 2040 (PNPI). Esta política, impulsada por el Ministerio de Cultura, plantea una hoja de ruta para brindar servicios públicos con pertinencia cultural, entre ellos, la implementación del derecho a la consulta previa.
OBSTÁCULOS Y NUEVOS RETOS
En este contexto de desafíos, el 25 de noviembre DAR organizó el Foro Público “El derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas a 30 años de la vigencia del Convenio 169 de la OIT en el Perú”. El evento reunió en Lima a representantes indígenas, especialistas nacionales e internacionales, académicos y funcionarios públicos.
Julio Cusurichi, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), señaló que la consulta previa tiene que aplicarse desde el Congreso ante medidas legislativas que afectan a los pueblos indígenas y los ponen en riesgo. “Todas ellas (medidas legislativas) afectan nuestros derechos”. A este pedido se unió Rosalía Clemente, presidenta de la Confederación Nacional Agraria-CNA, quien propuso que la participación indígena en la consulta sea desde la identificación de las medidas a consultar.
A estos desafíos se sumó Paulo Vilca, investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), quien recordó que una tarea pendiente desde 1995, año en que entró en vigencia el convenio 169, es la implementación de consulta previa legislativa, y que, si en un Congreso unicameral no se pudo, el reto para concretar en uno bicameral se multiplica.
Por último, el representante de la OIT para los Países Andinos, Hernán Coronado, considera que el Estado debe enfocarse en los fuertes desplazamientos de la población indígena hacia la ciudad. En América Latina, el 52% de indígenas vive en áreas urbanas. Este traslado es motivado por la necesidad de acceder a servicios de calidad como salud y educación. Por ello, indicó que la administración pública debe revisar qué factores están produciendo estos desplazamientos y plantear alternativas de solución.
En un escenario marcado por amenazas territoriales y procesos electorales próximos, resulta urgente que el Estado peruano incorpore en su agenda la vigilancia rigurosa de los acuerdos, la transparencia en su implementación y la participación de los pueblos indígenas para que la consulta previa no sea otra promesa incompleta.
SOBRE DAR – Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
DAR es una asociación civil peruana sin fines de lucro. Desde el año 2004, se dedica a impulsar un desarrollo respetuoso con el medio ambiente y centrado en la gestión sostenible de los recursos naturales, y donde se respeten los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas.