Una niña de tres años ha sido asesinada en Cusco. No es una cifra más, es una niña real, con nombre, con rostro, con una historia marcada por el abandono del Estado. La niña murió el 20 de marzo después de días de agonía. Según el diagnóstico de los especialistas, tenía «hemorragia intracraneal” y “traumatismo encéfalo craneano”. También se identificó “desgarro vaginal».
Ayer, su hermana mayor —una adolescente de 14 años— intentó quitarse la vida ingiriendo alcohol medicinal. Está en el Hospital Regional del Cusco donde permanece intubada con pronóstico reservado.
Lo que sucedió es intolerable: esta niña, víctima de violencia en su hogar, fue retirada temporalmente por el sistema de protección, para luego ser reingresada a ese mismo entorno violento, donde días después fue violada y asesinada. ¿Quién firma el alta? ¿Con qué criterios? ¿Dónde está el protocolo? ¿Dónde está el seguimiento? El rescate y la restitución de derechos están vacíos de contenido.
La Unidad de Protección Especial (UPE) se ha convertido en una instancia de riesgo. Así de claro. Urge declarar su reorganización inmediata y repensar si el MIMP debe mantener la función. Recordemos que el INABIF cumplía su rol. Conocemos otros casos de víctimas de violencia retornadas o mantenidas en casa de su violador y de casos de adolescentes sobrevivientes de trata egresadas del Centro de Atención Residencial, que luego de ser “reintegradas a sus familias” han sufrido igual o peor destino que antes de su rescate: una de ellas terminó asesinada en 2022 en Madre de Dios. Otra adolescente que denunció acoso sexual en su escuela en Condorcanqui, Amazonas, ante su abandono, desesperada por la falta de atención y por acoso de la familia de su agresor se suicidó a fines de 2024.
¿Cuántas veces más vamos a fallarle a las niñas? ¿Cuántas muertes más se necesitan para fiscalizar este sistema que, bajo el lema de protección, está entregando niñas a sus agresores? Parafraseando a la congresista Ruth Luque, «las niñas no solo han ido víctima del entorno familiar, sino del propio Estado, de funcionarios y servidores públicos».
… Y mientras tanto, seguimos llamando a todo esto “violencia familiar”. Ese término genérico no refleja el verdadero rostro del problema. El 72% de los casos de violencia atendidos en 2023 en el Hospital Regional del Cusco corresponde a adolescentes mujeres entre 12 y 17 años. ¡Setenta y dos por ciento! Sin embargo, el presupuesto y la política pública siguen diluidos bajo la categoría «Violencia familiar», que impide ver con claridad que la violencia, con énfasis en la sexual, es hacia niñas y adolescentes. Este es el principal problema nacional de violencia del Perú.
¿Por qué seguimos nombrando a la violencia hacia las niñas y adolescentes como violencia familiar? Al nombrar mal, se actúa mal. No se prioriza, no se interviene, no se invierte.
El enfoque de género e interculturalidad no es una declaración de buenas intenciones. Es una exigencia metodológica y política. Significa comprender que las respuestas del Estado deben estar a la altura: contextualizadas, culturalmente pertinentes, con personal formado, con protocolos claros, con seguimiento riguroso.
No más niñas asesinadas ni suicidadas por un sistema que juró protegerlas. Es momento que nos involucrarnos todo y todas por el presente y futuro de las NNA.
Es momento de actuar. Urge que se tomen las siguientes medidas:
- Que se declare en reorganización inmediata la Unidad de Protección Especial. No a la política del chivo expiatorio.
- Que los criterios de egreso del sistema de protección sean fiscalizados y públicos.
- Que se reconozca oficialmente a la violencia hacia niñas y adolescentes como el problema más grave de violencia en el país.
- Que se apruebe un Programa Presupuesta Orientado a Resultados (PPoR) específico para la reintegración.
Hasta que la dignidad se haga costumbre, no dejaremos de nombrar ni de exigir, porque nuestras niñas no pueden seguir muriendo —ni asesinadas, ni en silencio— por culpa del abandono institucional.