Luego de la audiencia de la Corte IDH, realizada el 2 de febrero, que revisará la ejecución de la sentencia de 25 años de cárcel contra Alberto Fujimori por los casos Barrios Altos y La Cantuta, el abogado de Fujimori, Miguel Pérez Arroyo, señaló que si la Corte emitía una resolución negativa en contra de su cliente, ellos irían a instancias “megasupranacionales”, señalando que estas serían el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Secretaría de Derechos Humanos de la ONU (sic), añadiendo además que la Corte podría viciar su resolución debido a su “activismo político y sus preferencias ideológicas”.
Sobre el primer punto, cualquier abogado que se precie de su profesión, sabe que la Corte es la más alta instancia sobre temas de derechos humanos en la región, por lo que es un sinsentido apelar a un tribunal europeo o a la misma ONU. Es más, esto lo debe saber bien un abogado penalista de la PUCP con una maestría en Derecho Penal y Criminología por la Universidad de Castilla-La Mancha y doctor en Derecho por la Universidad de Alicante, con tesis cum laude. Si es pura ignorancia, y existe un desconocimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en concreto, nos preguntamos qué les estará enseñando a sus alumnos en la USMP, quizás que seguimos siendo colonia de España.
Sobre el segundo punto, el abogado intenta deslegitimar a la Corte como ente capaz de emitir una resolución ajustada a derecho, tal vez previniendo lo que será su pronunciamiento en las próximas semanas, al asumir que esta tiene un sesgo ideológico ¿de izquierda?, o que también hace activismo político, “argumentos” usados desde hace un buen tiempo por la derecha más recalcitratante. Nos sorprende que poniendo en cuestión la legitimidad de este ente, haya sido invitado por el Colegio de Abogados de Costa Rica a disertar sobre la prueba ilícita que, según él, fue el principal motivo de su viaje a este país, y “coincidentemente”, se dio la Audiencia de la Corte.
Pérez Arroyo tiene un entendimiento banal de lo que significa la verdad en situaciones en donde se ponen en juego los derechos humanos, tan banal que se pueden sembrar dudas sobre la capacidad profesional de la Corte, y miente abiertamente sobre el procedimiento legal a seguir, subestimando a la opinión pública. Al final, ¿quién se termina deslegitimando al utilizar inescrupulosamente estos argumentos? Parece que solo él.