Lima, 26 de mayo de 2026. Junto a Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Paraguay y Ecuador, Perú se encuentra entre los países de la región que ha adoptado marcos legales restrictivos para debilitar, controlar e incluso desmantelar a las organizaciones de la sociedad civil, advirtió hoy Amnistía Internacional en el marco de la presentación en el país de su informe “Rompiendo el tejido social: El impacto de leyes restrictivas sobre organizaciones de la sociedad civil en las Américas”.
El análisis evidencia que las leyes aprobadas en este grupo de países comparten patrones que comprometen el derecho a la libertad de asociación, a la libertad de expresión y al ejercicio de la defensa de derechos humanos, y con ello se pone en mayor riesgo el acceso a la justicia. Además, revela que la implementación de estas normas se produce en contextos de creciente concentración de poder, prácticas autoritarias y hostilidad hacia voces críticas.
En Perú, la promulgación en 2025, de la ley que modifica el marco regulatorio de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) ha dejado el trabajo de organizaciones de la sociedad civil expuesto a un control arbitrario y desproporcionado que viene afectando también el ejercicio de la defensa de los derechos humanos que realizan organizaciones de la sociedad civil en representación de víctimas de graves violaciones de derechos humanos que con frecuencia no pueden pagar los elevados costos de los procesos judiciales. Es el caso de las familias de las víctimas mortales de la represión estatal de las protestas de 2022-2023, de las víctimas de esterilizaciones forzadas, entre otros en búsqueda de justicia.
Esta norma se aprobó en un contexto de pérdida de independencia de los órganos autónomos de justicia, y promulgación de leyes, como la Ley 32419, que establece amnistía para perpetradores de graves violaciones de derechos humanos y constituye un retroceso en la lucha contra la impunidad. Todo esto ha reducido notablemente las garantías de acceso a la justicia en Perú.
“Lo que estamos viendo en Perú forma parte de un preocupante patrón regional. Estas leyes reflejan el avance de prácticas autoritarias que buscan silenciar las voces críticas y consolidar el poder a cualquier costo, incluso el derecho de acceder a justicia”, afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Es importante señalar que las organizaciones de la sociedad civil cumplen un papel fundamental en el tejido social y en la protección de los derechos humanos. En muchos casos son quienes documentan abusos estatales, apoyan jurídicamente a víctimas ante los tribunales, acompañan la defensa de territorios indígenas frente a proyectos extractivos, brindan soporte a sobrevivientes de violencia de género y promueven la transparencia pública. Cuando las organizaciones son silenciadas o desmanteladas, las sociedades pierden aliados fundamentales para exigir justicia, acceder a información y defender sus derechos.
“En diferentes grados, estas leyes están consolidando autoritarismos y un ambiente de desconfianza social que fomenta la autocensura y genera intimidación sobre voces críticas. Además, impacta el ejercicio del periodismo que es muy importante para que una sociedad acceda a su derecho a la información. Todo esto impide la rendición de cuentas y promueve una sociedad con discursos únicos e impunidad. Sin una sociedad civil fuerte e independiente, las personas no pueden disfrutar ni defender los derechos humanos”, sostuvo Jennie Dador, directora de Amnistía Internacional Perú.
En los países analizados en el informe, la aprobación de estas leyes estuvo precedida por campañas de estigmatización contra las organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos. Además, un elemento en común es que autoridades, legisladores y vocerías afines describieron a las organizaciones de la sociedad civil como “enemigos internos”, “agentes extranjeros” o “antipatrias”, lo cual alimentó la desconfianza social hacia dichas organizaciones y generó un clima de intimidación que incluyó expresiones racistas y misóginas, y promovió un entorno de miedo y autocensura.
La organización insta al gobierno de Perú a derogar o modificar las leyes que vulneran la libertad de asociación, cesar los discursos estigmatizantes contra organizaciones y personas defensoras y abstenerse de criminalizar la labor legítima de defensa de derechos humanos.