- Tras cinco años de proceso, se reconoció su inocencia, decisión que establece un precedente importante contra la criminalización y estigmatización que enfrentan quienes defienden sus territorios de la contaminación causada por poderosas empresas mineras en Perú.
Cusco, 23 de octubre de 2025. El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial A de Cusco reconoció la inocencia de ocho defensores y dos defensoras ambientales de la comunidad de Urinsaya (Espinar), señalados injustamente del supuesto secuestro de un agente de seguridad de la empresa que prestaba servicios a la minera Las Bambas. La acusación se dio tras participar en una protesta pacífica realizada el 30 de enero de 2020, en rechazo a la contaminación causada por los cientos de camiones de la minera que atraviesan diariamente su territorio.
Este fallo confirma la falta de pruebas sólidas por parte de la Fiscalía de Espinar. En la audiencia de emisión de la sentencia, el Juzgado, presidido por el magistrado Miguel Ángel Castelo Andia, afirmó que no puede considerar probado un hecho por especulaciones, pues todo debe estar debidamente acreditado. Además, señaló que incluso tres de los acusados no estaban en el lugar de los hechos y que no existe constancia de ningún acto violento por parte de los acusados.
Durante el juicio, la persona que supuestamente denunció el secuestro negó haber presentado la denuncia y afirmó no reconocer su firma en el acta policial; lo que sugiere que la acusación pudo haber sido fabricada para silenciar a las y los defensores.
Roger Choqueccota Qquehue, uno de los comuneros absueltos, se mostró satisfecho ante la sentencia: “Después de cinco años de angustia para nuestras familias y la comunidad, la justicia por fin reconoce nuestra inocencia. Es un triunfo para toda la comunidad”.
Katherine Páucar, abogada de EarthRights International (ERI) que representa a tres de las personas acusadas, señaló: “Celebramos este fallo emitido con justicia, que reconoce la criminalización que sufren quienes defienden el ambiente y sus comunidades frente a los abusos de las empresas mineras en el Perú”.
Esta decisión representa un paso importante, y también un precedente legal, hacia el respeto y la garantía del derecho a la protesta pacífica por parte del Poder Judicial.
“Hacemos un llamado a la Fiscalía para que se abstenga de apelar esta decisión y, de esta manera, ponga fin al daño provocado por este largo proceso judicial, que afectó la economía y, la salud mental de los acusados y sus familias. La Fiscalía debe estar del lado de la justicia y no interponer recursos para obstaculizarla”, concluyó Páucar.