El jueves 2 de marzo se realizó una marcha pacífica en el Centro de Lima en protesta por el gobierno dictatorial de Dina Boluarte a la que acudieron cientos de personas, entre ellas, mujeres campesinas e indígenas con sus hijos. A pesar de que la marcha se desarrollaba con tranquilidad y las personas solo circulaban por las calles, la policía lanzó bombas lacrimógenas contra las mujeres y sus hijos, sin importarles la afectación a su salud.
Recordemos que la protesta es un derechos constitucional y que nadie debería reprimir una manifestación pacífica, es más, la obligación de la policía es cuidar que la protesta se realice con garantías de seguridad para los protestantes, no lanzar bombas lacrimógenas a diestra y siniestra.
En los videos que se grabaron de los hechos, también se puede ver cómo obstaculizan el trabajo de la prensa para que no grabe estas violaciones a los derechos constitucionales de las y los marchantes. El accionar de la policía es de total impunidad pues se sienten resguardados y protegidos por el gobierno, que no los sancionará por su violencia brutal contra la gente, es más, seguramente los premiarán con otro bono por mantener el gobierno de Boluarte en el poder.