Según la última prueba realizada a una muestra de más de mil presos en todo el Perú, alrededor del 60% están infectados con el COVID-19. Si proyectamos este porcentaje a la población total de internos, más de 50 mil peruanos y peruanas recluidos padecerían esta enfermedad (el total es de más de 90 mil reos, los cuales exceden en casi el 250% la capacidad de las cárceles del país).
Si, como dice Dostoievski, el grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos, ¿en qué clase de civilización vivimos? Los penales peruanos son escuelas de posgrado del crimen, donde miles de personas viven hacinadas en pequeñas celdas en condiciones infrahumanas, llenos de enfermedades (principalmente contagiosas como la tuberculosis y el VIH), con celadores cómplices de sus crímenes y delitos por delivery, etcétera.
Pero lo más peligroso del sistema penitenciario nacional es la sociedad, que cada vez que se acuerda exige la pena de muerte para todos los presos, así hayan robado un celular, y celebra cada vez que uno de ellos es baleado por algún escuadrón de la muerte.
Esta crisis sanitaria nos ha restregado en la cara el simulacro de país que somos, pues una de nuestras principales instituciones, como lo es el INPE, durante décadas solo se ha dedicado a encerrar personas y a contenerlas en los extramuros de las ciudades. Por eso no resulta extraño el trato que el gobierno les ha dado en medio de esta pandemia, pues muy en el fondo piensan —como escribió Pessoa— que tal vez sea peor su existencia que su muerte (la cual sería una «purga oportuna»).
¿Qué tan civilizados somos cuando tratamos al otro como «homo sacer», aquellos sujetos que por haber cometido un delito podían ser asesinados —en el derecho romano— pues su vida no valía nada (según la teoría de Giorgo Agamben)? ¿Por qué el Estado no reforma el sistema penitenciario siguiendo las recomendaciones publicadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el documento «Principios y Buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de Libertad en las Américas» y construye el casi centenar de cárceles que hacen falta en el Perú? ¿Existe otra forma de respetar los estándares vigentes en materia habitacional? No. El resto es populismo y demagogia.
Los 68 establecimientos penitenciarios a nivel nacional tienen capacidad para 40,137 internos en total, mientras la población real es de 95,548, o sea, del 238% más (lo cual sería como que en una cama de una plaza durmieran casi tres personas). Es por eso los motines en las principales cárceles del Perú, los cuales están causando más muertes que el coronavirus (lo cual nos hace pensar que unas muertes son más importantes que otras dependiendo de su causa).
También es importante para disminuir la población penitenciaria acelerar los procesos judiciales, dictar prisión preventiva solo en casos excepcionales, indultar a los internos más vulnerables y convertir las cárceles en lugares de reinserción social a través del estudio y del trabajo, y luchar contra la corrupción y el abuso institucional.
Debemos entender que la única forma de luchar contra el COVID-19 de forma efectiva es mejorando la calidad de vida los peruanos y las peruanas en todos los campos de la existencia, que en la práctica no es sino promover el acceso y goce de nuestros derechos humanos: sociales, económicos, políticos y culturales, a través de políticas públicas.