Antejuicio político ‘protege’ al aprista en el marco de las investigaciones por su presunta relación con Edwin Oviedo.
Juan Carrasco, fiscal contra el crimen organizado en Lambayeque, sustentó el petitorio de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para anular la resolución que favorece a congresista aprista Javier Velásquez Quesquén.
La siguiente semana será decisiva para resolver el pedido de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en donde pide que se anule la resolución que declaró fundada una cuestión previa presentada por el parlamentario Javier Velásquez Quesquén; le asiste el derecho del antejuicio político en la investigación que recaen sobre él por su presunta relación con el empresario Edwin Oviedo, en el caso ‘Los Wachiturros de Tumán’.
El antejuicio protege al funcionario público de las denuncias sin fundamento jurídico ni político y llegaría a ‘protegerlo’ hasta cinco años terminadas sus funciones. Ahora bien, los hechos que se le atribuyen al parlamentario supuestamente ocurrieron dentro del periodo 2006-2011. Es decir, que el antejuicio caducó en julio del 2016.
Se acabó la fiesta
“Los hechos imputados (a Velásquez Quesquén) datan del año 2011. Esto es en ejercicio congresal de julio de 2006 a julio de 2011. Entonces la prerrogativa del antejuicio político solo le asistía para delitos cometidos en ese período y hasta cinco años después”, dijo el fiscal Carrasco ante el juez.
De esta manera, e congresista aprista Velásquez Quesquén no podría acogerse nuevamente a dicha figura, a pesar de que haya sido reelegido hasta el 2021. La decisión del juez Carlos Chanamé, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, debe estar lista en unos tres a cinco días hábiles.
Cabe recordar que, en agosto del 2018, el juzgado declaró fundado el pedido del parlamentario aprista y fue elevado al Ministerio Público que por esos días encabezaba Pedro Chávarry. Ya para abril de este año, la fiscal Ávalos (reemplazante de Chávarry) envió un petitorio al Octavo Juzgado para solicitar la nulidad de la resolución con la cual se amparó el legislador del APRA.
El pedido de la fiscal de la Nación sostiene que, de acuerdo con la Fiscalía Provincial Corporativa especializada contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo, el parlamentario aprista “habría recibido dinero a cambio de propiciar la aprobación de leyes que ampliaban la protección patrimonial a la empresa agroindustrial Tumán y, por ende, favorecerían al grupo Oviedo”.
Velásquez se defiende
Como era de esperarse, en todo este tiempo, el aprista ha negado los cargos por los cuales se le investiga.
Velásquez Quesquén señaló que por el caso de ‘Los Wachiturros de Tumán’ se le viene investigando por casi cinco años y que no hay “ni una sola prueba” en su contra. Señaló que en su caso ya había “cosa juzgada” cuando se decidió que el proceso pasara a Lima. “Hay una abierta actitud de infracción constitucional de parte del fiscal (Carrasco). La cosa juzgada es un hecho constitucional”, dijo al diario La República.