Un grave peligro para el cine peruano, ya precario, está a punto de acontecer con el nuevo proyecto de ley que la congresista Adriana Tudela, en complicidad con los congresistas Patricia Chirinos y Alejandro Caviero, entre otros, pretende aprobar, derogando el anterior, y que, desde una mirada totalmente mercantilista busca reducir el financiamiento de las películas y desconocer las necesidades de las producciones audiovisuales en el Perú, más aún si estas son de regiones y reivindican sus lenguas y costumbres.

Este proyecto de ley racista llama “discriminación positiva” a lo que es un derecho: el otorgamiento de apoyos financiero al cine regional para que las múltiples miradas de directoras y directoras que no son de Lima puedan conocerse.

A Tudela le molesta que los estímulos sirvan para “fortalecer la creación de obras audiovisuales en favor de la cultura nacional, con prioridad en poblaciones específicas”, es decir, para ella, películas como “Wiñaypacha” o “Historia de shipibos” no tienen ningún mérito y no debieron hacerse, lo que hubiera pasado si no contaban con el apoyo estatal.

¿Pero por qué Adriana Tudela está interesada en el cine peruano? ¿Es cinéfila? ¿Busca promover la cultura audiovisual? ¿Le gusta siquiera ir al cine? ¿Alguna vez en su corta carrera política ha demostrado algún interés por promover la industria cinematográfica? No, nunca. Su misión es ideológica, como buena conservadora, se opone a los avances de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, ya sean estos a favor de la población LGTBI o de las mujeres (no por nada “ha desaparecido” de su proyecto de ley la parte en que se promueve la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres), o a favor de las poblaciones indígenas o los derechos de las y los trabajadores.

Y como buena neoliberal, busca disminuir el Estado a favor del mercado, de los empresarios, del dinero, del lucro y del capitalismo. Los demás, que se arreglen como puedan. Lo que busca su clase social, sus partidos políticos y sus oficios en general es mantenernos en un Estado colonial, en donde los poderosos ordenan el mundo, y sus súbditos dependen de ellos para, mal que bien, sobrevivir. Quieren retrotraernos a tiempos anteriores a la reforma agraria, y están en el poder.

Los gremios se pronuncian

Debido a ello, más de 780 trabajadores del audiovisual y 48 gremios y organizaciones han lanzado un pronunciamiento oponiéndose rotundamente a este intento por deteriorar aún más las posibilidad de realización de películas en nuestro país.

En defensa del cine peruano. No al proyecto Tudela

Las y los firmantes vemos con preocupación el estado de crisis de las instituciones democráticas y los intentos de retroceso en derechos sociales consagrados en la Constitución y las leyes. Ha presentado un proyecto de ley la congresista Adriana Tudela -suscrito, entre otros parlamentarios, por Patricia Chirinos y Alejandro Cavero-, que busca derogar la ley de cine vigente atentando contra la cultura, la diversidad y la libertad de expresión y creación. Ante ello, exponemos nuestros puntos de vista como comunidad audiovisual organizada.

Somos un conjunto de gremios y personas no agremiadas que nos dedicamos al cine y el audiovisual en el Perú que producimos películas, series y diversos formatos. Además, hacemos labores conexas en el campo técnico, de gestión cultural, festivales, docencia, difusión, investigación, preservación y todos los espacios vinculados al cine.

Representamos un sector que va creciendo: producimos alrededor de 70 largometrajes al año,
además de cientos de cortos y otras expresiones. Estamos en todas las regiones del país y aportamos a construir nuestra identidad y diversidad, reflejando vivencias de peruanas y peruanos. Nuestras producciones son carta de presentación del Perú hacia el mundo. Generamos empleo, impulsamos negocios conexos y recaudación tributaria.

¿Por qué defendemos la ley de cine vigente (DU 022-2019)?

Porque es el resultado de décadas de maduración de nuestro cine y a la vez impulsora de la
actualidad y el futuro del sector. En su elaboración participaron diversas asociaciones gremiales, lo cual le otorga legitimidad. La ley propone una visión integral que permite el desarrollo orgánico de múltiples áreas de la actividad cinematográfica.

Porque promueve un cine diverso. Nuestro cine crece de forma abierta y plural pues está siendo creado desde la diversidad; refleja un sinnúmero de posiciones sobre el Perú y la vida, con diversas propuestas como drama, comedia, terror, documental, experimental, animación, etc., que van de autoría personal a propuestas más accesibles.

Porque promueve el cine en lenguas originarias, el cine indígena, y el desarrollo del cine
regional. Los ejemplos son innumerables: Wiñaypacha, de Óscar Catacora, es la primera película
hablada enteramente en aymara; Willaq Pirqa, de César Galindo, es la película en quechua más vista en la historia del cine peruano.

Porque bajo la misma ley se ha iniciado el proceso de obtener la paridad en el cine peruano y
reducir las nocivas brechas de género que por tanto tiempo han sido normalizadas en nuestra
sociedad.

Porque busca la “Promoción internacional de la producción cinematográfica y audiovisual en el
territorio nacional” a través de nuestras obras cinematográficas y establece alianzas con otros
sectores para el uso de locaciones en el territorio nacional. En este sentido, consideramos que la creación de una comisión fílmica debe estar ligada principalmente al sector cultural pues es de su competencia.

¿Por qué rechazamos el proyecto Tudela?

El proyecto Tudela atenta contra valores fundamentales de nuestra cinematografía al limitar al cine como actividad únicamente mercantil al servicio de la rentabilidad y el turismo. La ley vigente coloca a los cineastas nacionales y la cultura en el centro de la actividad cinematográfica. Por tanto, esta lucha defiende la cultura y el cine nacional.

Este proyecto de ley no ha sido consultado con gremio cinematográfico alguno, por tanto, no
tiene legitimidad. La ley actual es el resultado del consenso de la gran mayoría de gremios.

Este proyecto de ley se opone directamente al cine en lenguas originarias, con lo cual violenta
el reconocimiento de la pluralidad étnica y cultural de la Nación vulnerando la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Cita del proyecto de ley Tudela: “… estos subsidios están pensados principalmente para producciones nacionales, creando además un marco de clara discriminación positiva en favor de producciones en lenguas indígenas u originarias (…) En ese sentido, se observa que la intención de la norma no es promover la inversión en el Perú gracias a la industria cinematográfica sino, únicamente, fomentar la creación de obras audiovisuales en favor de la cultura nacional, con prioridad en poblaciones específicas.”

Propone crear la “Ventanilla Única de autorizaciones de filmación en el territorio peruano” a
cargo de Promperú, a la que se sometan incluso producciones nacionales. La iniciativa es peligrosa pues no expone los criterios para brindar esas autorizaciones.

Propone que “el monto asignado para el otorgamiento de estímulos no podrá superar el 50%
del coste de la producción cinematográfica o audiovisual“. Esta propuesta excluye inexplicablemente a la gran mayoría de las producciones nacionales que logran financiarse solo con los fondos del Estado.

Se omiten puntos fundamentales de la ley actual. Por ejemplo, el incentivo para la actividad
cinematográfica regional (artículo 8 de la ley vigente) y el estímulo a la promoción de exhibición alternativa (artículo 20). Por otro lado, el artículo 6.3 del proyecto de Ley Tudela indica que los estímulos económicos deben destinarse solo a la grabación, sin mencionar las otras fases del proceso cinematográfico, lo que demuestra profundo desconocimiento de nuestra actividad.

Desaparece los estímulos a las otras artes e industrias culturales, protegidas en la ley vigente,
atentando contra las artes escénicas, las artes visuales, la música, el libro y el fomento de la lectura.

Por todo ello, llamamos a la comunidad audiovisual y a la ciudadanía en general a estar alertas ante la amenaza del proyecto de ley Tudela (05903/2023-CR), unirnos en defensa de la ley vigente y luchar por las demandas pendientes del sector.

Nos autoconvocamos para reflexionar y actuar sobre el momento que vivimos. Somos un grupo con múltiples puntos de vista, pero nos une la firme defensa de la cultura, la diversidad, la libertad de expresión y la democracia en nuestro país.