47,767 menores de edad figuran en el Registro Único de Víctimas de la Violencia ocurrida entre mayo de 1980 y noviembre de 2000, pero no todos los desaparecidos fueron enterrados por los gobiernos de Belaúnde, García y Fujimori, muchos de ellos fueron esclavizados por miembros de las Fuerzas Armadas.
Una reciente investigación de OjoPúblico y Connectas lo demuestra: «Niñas y niños indígenas que desaparecieron durante la etapa más violenta del conflicto armado interno en Perú terminaron en manos de militares, que los sometieron a servidumbre en sus casas y, en algunos casos, les cambiaron la identidad».
Las niñas —principalmente— eran «ofrecidas» como esclavas por militares en plazas públicas. Así lo recuerda E.J.B. en el libro Chungui, violencia y trazos de memoria (Edilberto Jiménez, 2005): «Los militares nos sacaban de día a la plaza y ahí permanecíamos grandes y chicos, como en una feria, esperando que alguien nos lleve a su casa para ser su sirviente por un plato de comida». Otros testimonios son igual de conmevedores e indignantes, como el de Silvia Flores Zeballos, quien fue secuestrada a los 9 años (1984) por un militar para que atienda a su madre, quien la llamaba «terruquita» y la hacía dormir con los perros.
Evidencias documentadas sobre terrorismo de Estado sobran: desapariciones, violaciones, secuestros, esterilizaciones, torturas y asesinatos, pero los fascistas mimetizados en los poderes nacionales, medios de comunicación, empresas y en la ciudadanía en general lo negarán o justificarán, y verán en el criminal condenado por lesa humanidad, Alberto Fujimori, su candidato ideal, pues refleja su espíritu asesino, autoritario y corrupto.
Ilustración de portada: Edilberto Jiménez