El miércoles 8 de mayo fue aprobado en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso el Dictamen sobre los ocho proyectos de Ley presentados para modificar el actual marco jurídico de promoción a la cinematografía y audiovisual en el Perú.

Lo primero que llama la atención es que el Dictamen fue evacuado por esta Comisión y no la de Cultura, como le correspondía, y dado que en el ámbito económico no tiene mayores modificaciones frente a la legislación vigente. Tal vez porque esta Comisión es presidida por el fujimorismo, y le da mayor seguridad a la derecha, tan preocupada por un tema que antes menospreciaban.

Lo segundo es que toda la argumentación que sustenta el Dictamen revela que nace del puro capricho de los congresistas, cuyo único argumento es tratar de invalidar el Decreto Urgencia vigente por ser dado por Vizcarra luego de la disolución del Congreso el 2019 (su pecado original). No han tomado en cuenta mayormente a los directamente involucrados en la actividad, es decir los cineastas, sino por suposiciones y prejuicios, cuando no desinformación.

Y lo tercero es que, si bien se ha denominado al proyecto de Frankenstein, por tratar de conciliar tantos y diferentes proyectos, la verdad no lo es tanto, porque en lo fundamental solo se ha tomado en cuenta el de la congresista Juárez del fujimorismo, con algunos añadidos importantes de lo propuesto por Tudela. Los otros proyectos no fueron tomados en cuenta, incluyendo el del congresista Kamiche que proponía la cuota de pantalla y mínimo de mantenimiento, que no figuran en el Dictamen final.   

En gran parte el Dictamen es una repetición del Decreto de Urgencia de Vizcarra, lo que revela que el afán de cambiarlo responde a motivaciones políticas y no “técnicas”, ni menos culturales. Se mantiene el monto de los estímulos económicos (6,000 UIT) y se ha flexibilizado lo referente a las donaciones para ser deducibles como gasto en la producción hasta un 20% en la determinación del impuesto a la renta. Siguen figurando además artículos que hasta ahora solo han sido saludos a la bandera, como el de promoción de la enseñanza audiovisual en la educación básica (artículo 8), lo de la difusión permanente de obras peruanas en IRTP (artículo 20) y del Archivo Cinematográfico y Audiovisual (artículo23) sin creación de una verdadera Cinemateca peruana.

Pero el diablo está en los detalles, y en este caso está en los cambios y agregados, pocos pero significativos. El más grave se encuentra en el artículo 13, cuando se agrega a las causales que impiden acceder a los beneficios de la Ley a: “atentar contra el Estado de derecho y afectar la defensa de los intereses del Estado peruano, así como contravenir la Política de Seguridad y Defensa Nacional; o vulnerar la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico peruano.”

El intento censor ya se manifestó en el Congreso en el proyecto aprobado en primera votación el 2019 (que por suerte no fue tomado en cuenta en el Decreto de Urgencia) y reapareció este año, en las bases de los Concursos lanzadas por el Ministerio de Cultura, de la que también retrocedieron luego del reclamo de los cineastas. Pero como la mordaza está en la esencia de la mayoría de los actuales legisladores, insisten en una censura tan amplia como peligrosa. Más aún si leemos el párrafo siguiente, que a la letra dice: “Mediante el reglamento, el Ministerio de Cultura dispone la entidad encargada de realizar la evaluación a la que se refiere el numeral que antecede.” ¿Cuáles serán esas entidades? ¿Las Fuerzas Armadas, DIRCOTE, Opus Dei o La Pestilencia, que fue recibida con tanto cariño en el Ministerio de Cultura?

En el mismo artículo 13 se insiste con la idea elitista del proyecto Tudela de que el otorgamiento de estímulos no podrá superar el 50% del coste de la actividad cinematográfica o audiovisual, lo que parece pensado solo en función de productoras con recursos, que por lo general se obtienen a partir del premio nacional y no al revés. Eso limitará significativamente la participación de obras independientes, experimentales y regionales (solo están exoneradas de esta norma la primera obra regional). ¿Soñará que así conocerá el oso Paddington la congresista al insistir en esta propuesta que ya ha fracaso en España y otros países? 

Dicho sea de paso,  el Dictamen dice la mismas vaguedades que la ley actual sobre la vigencia de una Comisión Fílmica para promover la filmación extranjera en el país, desconociendo que existe en este momento una instancia de coordinación interministerial y los gremios de cine para hacerlo realidad. A pesar de ello, en las disposiciones complementarias se crea una Ventanilla Única de Autorización para Filmaciones que poco efecto tiene si previamente no se establecen incentivos tributarios para atraerá las producciones foráneas a nuestro territorio. El caso “Transformers” solo fue un espejismo, nada más.

Finalmente, y como un acto de pura demagogia, se ha incluido una clausula sobre cine indígena y originario, pero sin ninguna medida especial de incentivo a estas producciones, fuera de las que ya están señaladas en lo referente al cine regional.

Esta es en resumidas cuentas las medidas más importantes del Dictamen que está listo para ser discutido en el pleno del Congreso. Recordemos que hace unos meses el Ministerio de Cultura dijo que no era viable la ley Tudela, defendiendo su actual marco legal. Sin embargo, hace poco días la Ministra de Cultura manifestó que se iban a reestructurar los concursos de esa ley, uniéndose al coro histérico contra el cine nacional. Y el gobierno de Dina Boluarte ha dado sobradas muestras de que no va a contradecir, ni en lo más mínimo, lo que apruebe el Congreso.

Por eso, todo depende ahora de los cineastas y sus gremios, que no por cantidad aseguran mayor movilidad. El Dictamen congresal no puede desligarse de toda la campaña macartista y terruquera contra el cine nacional de políticos y medios. De ahí la censura institucionalizada. No hay cine sin libertad, y la libertad no se mendiga, se lucha y defiende. Podemos discutir todo, pero la libertad de expresión no es, ni puede ser negociable para un artista, salvo quien renuncia a serlo.