Conmemorando el Día Internacional de la Mujer, diversas organizaciones feministas, activistas y mujeres independientes marcharán por las calles de todo el Perú exigiendo medidas reales, efectivas y urgentes contra la violencia que sufren diariamente, sobre todo en contextos conservadores y de avance de la corrupción estatal y la criminalidad social.

Bajo el lema ¡Ni violencia, ni retrocesos, nuestros derechos no se negocian!, la marcha partirá desde el Parque Eduardo de Hábich ubicado en el Ministerio de Salud (Jesús María) para culminar en el Palacio de Justicia en el Centro de Lima.

En su pronunciamiento, las mujeres organizadas señalan que salen a las calles «para denunciar con claridad política a un Ejecutivo y a un Congresoo que han decidido gobernar contra nuestras vidas». Añaden que «estamos frente a una alianza que sostiene un pacto de impunidad y retrocesos, que legisla contra nuestros derechos y que normaliza la violencia como forma de control social».

Asimismo, señalan que «en el Perú, la pobreza tiene rostro de mujer porque el modelo económico concentra riqueza y distribuye precariedad, especialmente sobre quienes sostenemos la vida con trabajo remunerado, no remunerado y de cuidados». Ellas resisten «a este sistema explotador, machista, violador y asesino que precariza nuestras condiciones laborales».

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Como parte del inicio de actividades se realizó un conversatorio en la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, en donde participaron diversas lideresas especializadas en el trabajo comunitario, los derechos laborales y la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Entre ellas estuvieron las lideresas wampis y awajún, que acaban de llegar a Lima para denunciar y exigir atención del gobierno central sobre las denuncias de continuas violencias sexuales que viven las niñas y adolescentes de las comunidades de Condorcanqui e Imasen, entre otras, en el Amazonas, que no solo afecta su integridad sexual de forma permanente y profunda, sino que también recae sobre ellas la adquisición del VIH, el embarazo no deseado, la maternidad forzada y el abandono estatal, debido a la desarticulación de las Fiscalías en sus zonas, el desmantelamiento de los CEM y la impunidad con la complicidad de los líderes hombres de su comunidad, la policía y los violadores. Ellas señalaron que son amenazadas y declaradas personas no gratas por hacer estas denuncias, ya que afectan el pacto patriarcal en sus comunidades. Su valentía es de destacar.