- Dos años de retraso para evaluar recursos de nulidad presentados por sentenciados y por la defensa de las víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado interno.
Las mujeres de Manta, distrito de Huancavelica, y su defensa legal alertan a la ciudadanía que han transcurrido dos años desde la sentencia histórica contra 10 militares por violaciones sexuales durante el conflicto armado interno, y la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema ha suspendido hasta en dos ocasiones la audiencia para resolver los recursos de nulidad presentados por la defensas de los condenados y el Ministerio de Defensa, quienes pretenden anular la condena, así como la Fiscalía y las agraviadas, quienes consideran insuficientes las penas impuestas de 6 a 12 años de prisión y la reparación civil.
Las víctimas y sus abogadas expresan preocupación por esta actitud de la Sala Suprema, más aún cuando en estos momentos el Congreso ha aprobado en primera votación la nueva ‘Ley procrimen’, que permitiría que los delitos cometidos por militares y policías en ejercicio de sus funciones sean vistos únicamente por fueros militares y policiales, limitando la actuación de la justicia ordinaria; lo que se suma a la Ley de Amnistía, que busca exculpar a los responsables de graves violaciones contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno (1980 – 2000).
“La justicia que lograron las mujeres de Manta es un paso muy importante y el Estado debe asegurar que se mantenga. Sin embargo, las demoras sin explicación para revisar el caso hacen que las víctimas continúen esperando y sigan sufriendo. Esto afecta el valor de la sentencia y pone en riesgo que reciban una justicia completa y a tiempo. Dos mujeres han muerto sin conocer una decisión final. Esa demora tiene responsables”, señala Cynthia Silva Ticllacuri, abogada de las agraviadas.
“Mientras las mujeres de Manta siguen esperando, el Congreso abre caminos para proteger a los responsables. A las víctimas se les pide paciencia por décadas; a los perpetradores se les ofrecen leyes para escapar de la justicia”, enfatizó.
POSTERGACIONES SIN EXPLICACIÓN
La primera suspensión ocurrió el 17 de julio de 2024, el mismo día de la audiencia. La segunda fue el 20 de noviembre de 2025, cuando se postergó la audiencia de forma abrupta e inesperada señalando como excusa que aún no se habían transcrito todas las actas del juicio. Por eso es urgente que se realice la audiencia de vista de la causa, un paso clave para que la Corte Suprema revise el caso y emita una decisión definitiva. Su realización acerca la posibilidad de que la sentencia quede firme y cierra el camino a la impunidad después de décadas de espera.
Sin una decisión firme de la Corte Suprema y con estas postergaciones, el sistema de justicia vuelve a maltratar la salud de las mujeres, más aún cuando se trata de mujeres que ya sufrieron violencia, silencio, racismo e indiferencia del Estado. También impiden que la sentencia cumpla su función reparadora, porque la justicia que llega tarde deja de reparar plenamente. Sus consecuencias ya son irreparables: una de las víctimas murió antes de la sentencia judicial y otra ha fallecido recientemente sin ver una decisión firme.
La sentencia histórica del caso Manta, emitida el 19 de junio de 2024, reconoce la violencia sexual como crimen de lesa humanidad en el contexto de conflicto armado interno, marcando un precedente histórico en el Perú y Sudamérica.