Demus Estudio para la defensa de los derechos de la mujer, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro de Derechos Reproductivos (CDR), como representantes de las hijas de Celia Ramos —quien murió por complicaciones derivadas de la esterilización forzada a la que fue sometida en vigencia del “Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar”, puesto en marcha durante la dictadura de Alberto Fujimori en Perú— expresa su preocupación frente a la decisión del Poder Judicial de Perú de anular la investigación en el caso de esterilizaciones forzadas.

La decisión, que las hijas de Celia Ramos han descrito como “inhumana, abusiva e injusta”, se produjo sin escuchar a ninguna de las 1365 víctimas de este crimen, quienes aún esperan justicia. Sobre esta decisión, Cynthia Silva, abogada feminista y directora de DEMUS señaló: “Repudiamos la anulación de la investigación judicial de esterilizaciones forzadas porque se decide contraviniendo precedentes jurídico penales y atropellando el derecho de acceso a verdad y justicia de las víctimas”.

El juez Littman Ramírez ha decidido acatar la decisión de la Corte Suprema en el proceso de amparo interpuesto por Alejandro Aguinaga, exministro de Salud de Alberto  Fujimori, denunciado e investigado judicialmente. La decisión de anular la investigación judicial en curso y retrotraerla a la denuncia fue tomada sin haber notificado a las víctimas, quienes tienen legítimo derecho para intervenir porque esta decisión las perjudica y afecta en su derecho al acceso a la justicia y reparación. La nulidad también afecta el plazo razonable en un caso que lleva más de 20 años en investigaciones penales ineficaces.

Ante ello, las representantes de las hijas de Celia Ramos, como parte civil en la investigación judicial, comunicaremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de manera inmediata, en el caso de Celia Ramos vs. Perú, como una grave afectación al derecho a la justicia.

Asimismo, será comunicada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como un nuevo incumplimiento del deber de hacer justicia frente al Acuerdo de Solución Amistosa que firmó el Estado peruano en el año 2003, en el caso de María Mamérita Mestanza Chávez, otra víctima que falleció tras ser sometida a una esterilización forzada.

“De nuevo vemos que el derecho de las víctimas de esterilizaciones forzadas a acceder a la justicia y la reparación se ve afectado. Esta es una violación inaceptable. Hacemos un llamado a que Perú cumpla con sus compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos”, aseguró Carmen Cecilia Martínez, directora asociada de Estrategias Legales del Centro de Derechos Reproductivos.

“Lo expuesto en el presente pronunciamiento, junto con la reciente liberación de Alberto Fujimori, en contra de las medidas urgentes emitidas por el Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son una demostración más de que el Sistema de Justicia peruano no protege a las víctimas y sobrevivientes de graves violaciones de derechos humanos”, sostuvo Florencia Reggiardo, directora para la región Andina del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional -CEJIL.

Esperan una pronta decisión en el caso de Celia Ramos por parte de la Corte y confían en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda tomar medidas en el marco de la supervisión de cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa del caso de María Mamérita Mestanza.