Arlette Contreras fue agredida brutalmente en el 2015, desde entonces emprendió su búsqueda de justicia, chocando una y otra vez con la pared cruel de la impunidad. Este caso, es emblemático por varias razones: primero, despertó la indignación ciudadana, siendo uno de los casos que conjuntamente con el de Lady Guillén y de la mano de los activismos feministas detonaron la gran movilización nacional Ni Una Menos en el 2016.
Luego de ello, Arlette ha seguido contando con el apoyo del movimiento feminista en su diversidad, de organizaciones de mujeres, de autoridades nacionales e internacionales, y aún así su caso ha permanecido impune.
Arlette se ha mantenido todo lo fuerte que ha podido, ha liderado la vocería de su proceso, se ha enfrentado a medios y ha sido víctima de hostigamiento producto de la tenacidad con la que ha buscado justicia. Lamentablemente, la respuesta del sistema judicial ha sido vulnerarla una y otra vez.
Ayer pudo ser un día histórico, esperábamos que por fin, tras años de lucha, se hiciera justicia. Sin embargo, una justicia a medias no es justicia, el agresor fue sentenciado a 11 años por el delito de tentativa de feminicidio y aunque esto puede ser para muchos una buena noticia, en realidad no es lo que se esperaba.
Se esperaba que el Poder Judicial sancionara a Adriano Pozo por tentativa de feminicidio y por tentativa de violación. ¿Por qué? La respuesta es simple, porque el sindicado intentó violentar sexualmente a Arlette y es luego de que ella se resiste a una relación sexual forzada que él intenta asesinarla; por lo tanto, estamos hablando de dos delitos.
Arlette logra huir y felizmente no es una cifra más que contar en los casos de feminicidio, sino una sobreviviente que busca justicia, sanción para los crímenes que cambiaron su vida.
Los argumentos que dan los colegiados para absolver a Adriano Pozo del delito de violación sexual en grado de tentativa son sumamente estereotipados y aunque falta conocer los argumentos completos de la sentencia, lo señalado ayer solo confirma una cosa: probar un abuso sexual en el Perú es un drama.
Lo principal en un delito sexual debe ser la falta de consentimiento de la víctima, punto. Esta falta de consentimiento se puede generar en cualquier momento. Esto es justamente lo que parece no valorarse adecuadamente, se vuelve a incidir sobre si la víctima estaba en el hotel por voluntad propia, cuando esto -que se ha repetido miles de veces- no tiene nada que ver.
No se ha valorado adecuadamente el testimonio de la víctima, así como otras pruebas. En este caso hay un video que muestra a Arlette huyendo de la habitación, desprovista de parte de su ropa y a Adriano Pozo desnudo, pretendiendo regresarla a la habitación a la fuerza, a empujones, por los cabellos. Pero para los jueces esto no implica intento de violación. ¡Increíble!
Probar un hecho de abuso sexual en el Perú es muy difícil porque siempre se duda de lo que la víctima dice y con ello se le da mayor credibilidad al agresor, aún en contextos como este en donde se explicitó el escenario de violencia.
Los delitos sexuales quedan impunes porque (i) permanecen estereotipos de género en la lectura de las pruebas, (ii) no se coloca la “falta de consentimiento” como el eje principal para la comprensión del delito, y (iii) se le da muy poco peso probatorio al testimonio de la víctima.
El colegiado, además, pretendía que Arlette declare nuevamente en el juicio, cuando en realidad ello es revictimizante. Ella ya ha declarado muchas veces, no se le puede pedir a las víctimas de violencia, especialmente de violencia sexual, que declaren una y otra vez. Esto está prohibido; sin embargo, se hace caso omiso de esta disposición orientada a salvaguardar la seguridad emocional de la agredida.
Una sentencia que desconoce la ocurrencia de un delito evidente deja un mal sabor, estremece y vuelve a colocar a la víctima en un camino sin final, pues su búsqueda de justicia no ha terminado. Seguiremos con ella.
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Pronunciamiento del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán