En un amenazante pronunciamiento y con un discurso conservador, la decana del Colegio de Obstetras del Perú, Mimi Lily Rojas Silva, señaló que sancionará a obstetras que aparecieron en un reportaje televisivo del programa ¡Al estilo Juliana! que brindan acceso al aborto.
En el Perú, el aborto se encuentra criminalizado, incluso el aborto por violación sexual, y hay varios intentos desde el Congreso de restringir aún más los derechos de las mujeres, poniendo en riesgo sus vidas, pues pretenden darle derecho al “concebido”; debido a ello, existen formas clandestinas de acceder al aborto, en muchas ocasiones estas se realizan en situaciones de riesgo para la salud; en otras, con mejores recursos económicos, se realizan con todo el cuidado necesario. El acceso depende de los ingresos económicos de las mujeres, por ello, quienes más se perjudican con la criminalización del aborto son las mujeres pobres, que terminan comprando los servicios clandestinos que se ofrecen en las calles.
Debido a esto, es lamentable el pronunciamiento de la decana Rojas, pues en lugar de contextualizar la situación del aborto en el Perú, dar cuenta de la problemática del embarazo adolescente y la violencia sexual contra niñas, y privilegiar la vida de las mujeres, a quienes las y los obstetras se deben, además de exigir Educación Sexual Integral para evitar que los proyectos de vida de las mujeres se vean interrumpidos por embarazos no deseados, prefiere sumarse al coro persecutorio que restringe el acceso al aborto en el país.
En su comunicado, en donde Rojas no se denomina como decana, sino como decano, señala que el Colegio de Obstetras tiene un compromiso con “la defensa de la vida y la familia”, repitiendo discursos conservadores en donde se habla de la “vida” sin corporalizarla, sin importar realmente la vida de las personas, los proyectos de vida de las mujeres, mucho menos de las niñas, y se hace referencia a la “familia”, subsumiendo en esta a las mujeres, cuando la familia, muchas veces, es el espacio que más las violenta, pues más de la mitad de las violaciones contra niñas y adolescentes ocurren en el seno familiar.
Genera incertidumbre que el Colegio de Obstetras no defienda el derecho a la salud de las mujeres y mencione un “niño por nacer”, categoría anticientífica que contradice las etapas del desarrollo humano. Asimismo, que no mencione que las profesionales obstetras han cometido intrusismo, pues no están habilitadas para realizar este tipo de intervenciones quirúrgicas, y se enfoque solo en el aborto.
