Sin duda hemos avanzado en hacer corresponder la realidad de la paridad demográfica, con el objetivo de la paridad social y política entre hombres y mujeres.
En el ámbito de la representación política nacional en el siglo pasado avanzamos del 4% de representación política femenina en el Parlamento elegido en 1956, cuando por primera vez las mujeres pudieron ser elegidas en Perú, hasta el 11% en el Congreso que concluyó en 2000. En el ínterin, en 1997 se aprobó en la Ley Orgánica de Elecciones, Ley 26859, la exigencia de una cuota de 25% de candidaturas de hombres o mujeres, porcentaje que aumentó al 30% con la Ley 27387, de 2001. Con este nuevo marco legal, aumentó el porcentaje de mujeres del 22% el 2000 hasta el 25% el 2020, con un pico de 29.2% en 2006.
El año pasado se introdujo el principio de paridad con alternancia en las listas de candidaturas al Congreso, consejerías regionales y regidurías municipales, lo que permite asumir que la proporción de mujeres que representen a la ciudadanía, aumentará a partir del 11 de abril. Además, podemos apreciar que las mujeres en muchas regiones, vienen manteniendo un protagonismo en los debates por lograr la confianza de los electores.
Asimismo, en el mundo institucional, este año vemos que mujeres ocupan la titularidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Congreso de la República, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Sin embargo, no hay ninguna gobernadora regional en los 26 gobiernos regionales. Y solo 8 alcaldesas provinciales (4,08%) en 196 provincias, así como 81 mujeres alcaldesas distritales (4.82%) en 1678 distritos.
Lo que evidencia una brecha en la participación política regional y local, en la base. ¿Cuál es la causa?
Si bien faltan estudios descentralizados al respecto, sabemos que las mujeres cuentan con menos tiempo disponible para la actividad política que los hombres, al encargárseles más tareas de cuidado en las familias: suelen dedicar más tiempo al cuidado de los hijos o de los hermanos menores, en adición a sus aportes a los ingresos familiares o al tiempo de estudios.
¿Qué hacer entonces para alcanzar la paridad en el ejercicio de poder político en la base de la sociedad?
De un lado, promover un reparto equitativo de roles de cuidado entre las parejas. Esto supone enseñar equidad en dichos roles desde la formación escolar, de modo que ciudadanos y ciudadanas asuman como normales los repartos equitativos de tareas domésticas y de cuidado.
De otro lado, implementar un sistema integral de cuidados, donde el Estado, a través de sus instancias de gobierno nacional, regional y local, colabore con las familias donde no hay adultos con tiempo disponible para atender adecuadamente las necesidades de niños y niñas. Comenzando con las madres que, mayormente por irresponsabilidad de progenitores, se hacen cargo solas de sus hijos o hijas. Esto requiere tomar la experiencia de las Cunas y antes, de los Wawa wasis, para generalizar sus mejores prácticas hasta cubrir todos los vecindarios y comunidades. Un sistema de este tipo, a la vez que facilitará el equilibrio de las distintas facetas de la vida de las mujeres, acrecentará la protección de nuestros niños y niñas.
Nos corresponde ahora indagar qué candidaturas han incorporado este sistema o medidas alternativas que faciliten el ejercicio de derechos de participación política de las mujeres de nuestro país. Y votar por ellas. Así, seguiremos avanzando en el camino de la paridad para el desarrollo integral de mujeres y hombres en nuestro país.