Hace poco, otro agresor sexual volvió a horrorizarnos.
Quizá ese horror nos hizo perder de vista algunos detalles: era una persona joven heterosexual que ya había violado a una adolescente, su pareja. La niña violada y asesinada fue fruto de esa violación. Lamentablemente, el aberrante acto no solo no es un caso aislado, sino un ejemplo más de un delito que es común en Perú y que va en aumento.
En efecto, en el primer trimestre de este año las dependencias de la Policía Nacional han recibido 1034 denuncias de violación sexual de niñas, niños y adolescentes, que es el 61.11% de todas las violaciones en ese período. Y eso es más que lo recibido en el mismo período de 2022 y del 2021. En todo el año pasado se denunciaron 6662 denuncias de ese tipo, que fueron más que las 6263 del 2021. Según el reporte del INEI, del total de violaciones denunciadas en el primer bimestre del 2023, el 41.3% fue cometida en el domicilio de la víctima. Y el 73.4%, fue por conocidos: padres, hermanos, padrastros, tíos, parejas, vecinos, docentes o compañeros de estudios.
Ante esta evidencia, que podría ser menor a la realidad, pues hay violaciones que no se denuncian, la pregunta no es si debería establecerse la pena de muerte en vez de la cadena perpetua como pena máxima para violadores de niñas que se llegan a detener. Si se les mata, aprisiona de por vida, tatúa una “v” a hierro ardiente en la frente o cualquier otra medida punitiva, es irrelevante para nuestros niños y niñas. Solo convertiría a cada procesado en un personaje por años. La pregunta es ¿cómo detener las violaciones comenzando por las de niñas, niños y adolescentes?
Ya hay respuestas:
1. Fortalecer la vigilancia ciudadana familiar, barrial y comunal, en una red qué emita alertas tempranas hacia las comisarías, Serenazgo, fiscalías de familia, DEMUNAS y centros del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Al tener 4 de cada 5 agresores en el entorno de sus víctimas, es más factible detectar actitudes amenazantes antes de llegar a la agresión física.
2. A la par, especializar a quienes reciban esas alertas para atenderlas con premura y pertinencia.
3. Los centros del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables deben pasar de la atención de emergencias hacia un enfoque de protección preventiva, articulada con familias, vecindades, organizaciones sociales en favor de la infancia y entidades públicas, que aleje o vigile a los agresores de sus víctimas e impulse tratamientos y acciones de fortalecimiento familiar.
4. La capacitación a niños, niñas, padres, madres, tíos, tías, hermanas o hermanos mayores y docentes, debe facilitar que se identifiquen situaciones de riesgo que desaten las alertas, para que sean verdaderamente tempranas, previas a las violaciones. Deberían darse en escuelas, jardines o colegios.
5. En un plazo mayor, en 20 años, cambiar la cultura que facilita qué personas puedan ser vistas como objetos de satisfacción. Las violaciones de niños nos muestran que antes que un problema sexual de agresores, estamos ante un abuso de poder contra las personas más débiles a su alcance. Para limitarlo, hemos de impulsar una conciencia ciudadana mayoritaria de responsabilidad con el poder personal y cuidado con los más vulnerables.
Estas medidas y otras, integradas en un sistema nacional de cuidados, tendrían un gran impacto para generar entornos seguros para nuestros pequeños. Implementarlas no requiere de millonarios presupuestos y bien podrían ser parte de un pacto social en favor de nuestra niñez y adolescencia.