Escribe: Lily Ku Yanasupo (Secretaria General del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo)
En marzo del presente año, el Congreso de la República inició el proceso para la elección de un nuevo Defensor/a del Pueblo, seis meses después de haber vencido el período de 5 años del abogado Walter Gutiérrez, quien se caracterizó por ser un titular poco partidario al diálogo con las y los trabajadores de dicha institución y que, casi al final de su gestión, tuvo diversos cuestionamientos por sus ausencias en temas relevantes y sus declaraciones “poco institucionales” en cuestiones que requerían un previo estudio, sin contar los cuestionamientos sociales que ya pesaban sobre él por la forma de su designación.
Hoy, este nuevo proceso congresal vulnera la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo (la comisión especial debería integrarse por 9 miembros como máximo, pero tiene 10) y los principios de meritocracia, transparencia y participación ciudadana (el cronograma aprobado no contempla una etapa de tachas de candidatos/as y no garantiza un adecuado margen de deliberación legislativa sobre el tema); y con esto, quienes integran actualmente el Congreso, le niegan abiertamente a la ciudadanía la posibilidad de objetar, cuestionar o siquiera comentar algo sobre las y los candidatos a ocupar uno de los cargos más elementales para nuestra democracia, como es el de Defensor/a del Pueblo.
Pareciera que el actual Congreso nos está diciendo: “Las cosas siempre se han hecho así, no tienen por qué cambiar ahora”. Lo cierto es que las cosas no son así. Vivimos en un Estado de Derecho, y el que antes se hayan dado ciertas prácticas legislativas vulnerando derechos y principios, sobreponiendo intereses políticos y excluyendo a la población de decisiones de altísima envergadura social, no quiere decir que sean prácticas constitucionales. Dicho en otros términos, los precedentes no validan ni convierten en legal una mala aplicación de las normas.
Por otro lado, algunos objetan que sea un sindicato, un gremio de trabajadores/as del sector estatal, el que haya tenido la osadía de cuestionar, mediante un proceso de amparo, los vicios de dicho procedimiento congresal. Quienes lo hacen, no discuten nuestros argumentos, los derechos que estamos reclamando, o el que esté en juego el derecho de todos los peruanos y peruanas a tener un Defensor/a del Pueblo con trayectoria en la defensa de los derechos humanos, probo y sin vínculos políticos partidarios, no, cuestionan que sean las y los trabajadores organizados los que salgan a defender la autonomía e independencia de la institución para la cual laboran. ¿Eso realmente nos parece mal? ¿No es acaso que las organizaciones sociales, todas, deberían -en alguna medida- cumplir con esa labor: vigilar y cuestionar los excesos del poder público?
Nuestro gremio sindical está ejerciendo un derecho y cumpliendo con su función social, al defender la autonomía de una institución que existe para proteger los derechos de los más vulnerables y supervisar a las entidades públicas, y de hecho hacemos votos porque mañana más gremios y organizaciones empiecen a hacer lo mismo… algo que tanta falta le hace a nuestro país.