Armando Elcine
La congresista Adriana Tudela Gutiérrez de Avanza País dice que va a solicitar que se apruebe por insistencia el proyecto de ley que había votado la mayoría en el pleno el 11 de junio, supuestamente para fomentar “la inversión en la industria cinematográfica y audiovisual y la promoción del uso de locaciones del territorio nacional”, y que fuera observado por el Ejecutivo el 23 de julio de este año.
Este proyecto proponía impulsar la inversión para el desarrollo de producciones cinematográficas y audiovisuales en territorio nacional, así como impulsar la promoción del uso de locaciones del territorio nacional para la producción de obras audiovisuales. Pero al lado de estas loables intenciones, se modificaba el Decreto de Urgencia N°022-2019, que rige la cinematografía peruana, planteando que las producciones nacionales, en especial regionales, deberán acreditar hasta un 30% de capital propio para aspirar a los estímulos concursables que otorga el Ministerio de Cultura.
También transfería acciones y responsabilidades en este campo del sector Cultura a Turismo y, lo más grave, consagra la censura, con un artículo que plantea como causal para impedir la participación de los beneficios del Estado, a los proyectos que consideren que “atentan contra el Estado de derecho y afecta la defensa de los intereses del Estado peruano, así como contravenir la Política de Seguridad y Defensa Nacional; o vulnerar la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico peruano”.
Como era esperable, la propuesta aprobada por el Congreso fue casi unánimemente repudiada por los gremios del medio cinematográfico y audiovisual, y del sector cultura en general. Más aun cuando en todo su proceso no fueron tomadas en cuenta sus opiniones ni sugerencias de forma antidemocrática por los congresistas obsesionados por aprobarla para dejar de lado la norma legal de su odiado Vizcarra.
¿Por qué la insistencia de Tudela en un proyecto rechazado por los que se supone serían sus beneficiaros? Podría pensarse que es por puro orgullo y terquedad, borrar todo lo que suene a Vizcarra y “caviar”, o por mera ortodoxia ultraliberal, no exenta de cierto racismo hacia las expresiones regionales del país, como su colega Cavero.
Sin embargo, parece que hay razones más personales y hasta familiares, lo que claramente podría constituir conflicto de intereses, tan común en el Congreso actual. Resulta que como es sabido, la congresista es hija de Francisco Antonio Gregorio Tudela van Breugel-Douglas, excongresista, excanciller y exvicepresidente de Alberto Fujimori en la década oscura de los 90.
Pues bien, se recordará que entre 2007 y 2009 se ventiló públicamente en los medios la disputa familiar y legal entre Felipe Tudela y Barreda, abuelo de Adriana, y sus hijos Francisco y Juan Felipe por la administración de la herencia del primero. El escándalo llegó hasta la ciudad de Santa Cruz en Bolivia, donde se había refugiado el patriarca de los Tudela con su nueva pareja, y Miami, que fue testigo del casamiento.
En el centro de esta controversia estuvo Graciela Julia Amalia de Losada Marrou, que fue señalada y estigmatizada por los medios misóginos como supuesta aprovechada solo por el hecho de contraer matrimonio con Felipe Tudela, el mismo que fue luego anulado por la acción legal y mediática de sus hijos políticos. No hubo, salvo excepciones en redes, oportunidad para que ella se defienda y presente su testimonio, peor luego que el anciano se desdijo de sus declaraciones iniciales de amor por ella, visiblemente afectado por la senilidad y otros factores.
¿A qué viene todo este culebrón tipo “Los ricos también lloran” o “Vale todo” con la ley de cine peruana? Resulta que Graciela Losada, Chela para sus amigos, antes de verse inmiscuida en los conflictos de la familia Tudela, trabajó como productora de cine en los años 70 y 80, durante la vigencia del Decreto Ley 19327 de los tiempos de Velasco. Si se revisa el acucioso libro de Nelson García, “Cuando el cine era una fiesta. La producción de la Ley 19327”, allí se puede constatar que tuvo participación en varias producciones, destacándose su labor de productora ejecutiva en los cortometrajes “Imágenes” y “El Camino” de Pedro Novack.
Cabría preguntarse, entonces, si la insistencia en el tema de cine por la congresista Tudela, que evidentemente no conoce, no se debe más a un asunto de venganza personal contra el oficio de su ex abuela política, que a un tema de preocupación legislativa. Por lo demás, no sería la primera vez. El exministro de Economía de Fujimori, Carlos Boloña, impulsor de la gran liberalización y privatización del país en los 90, y responsable de la derogatoria de los artículos esenciales de la ley de cine de los tiempos de Velasco, fue hijo de un empresario iqueño que también tenía inversiones en salas cinematográficas de esa región. Y fue ese sector empresarial, desde su inicio, uno de los mas tenaces enemigos de esta normativa legal, alcanzando sus metas cuando el negocio estaba en decadencia.
La ley de cine debería ser resultado de un debate amplio y serio, que comprometa a todos los implicados, no una iniciativa revanchista o caprichosa de un congresista por prejuicios o cuestiones personales. Adriana Tudela no debe seguir al frente del tema por su implicación familiar y falta de neutralidad, lo que le impide una mínima objetividad frente a asuntos delicados que significan trabajo para muchas personas y familias, que no tienen la suerte de tener una jugosa herencia a su cargo.