Febrero de 2022 registró 203 conflictos sociales, manteniendo la misma cifra del mes anterior, según reporte mensual de la Defensoría del Pueblo.
Dos casos fueron resueltos y tres fueron retirados durante febrero de 2022, sin embargo, ingresaron cinco nuevos, lo cual resulta en la cifra sostenida desde enero.
Los casos retirados que pasan a estar en observación “salieron del registro principal por no presentar nuevos hechos durante un largo período”. Los dos casos resueltos se tratan de conflictos socioambientales en Pasco en los que se mantiene el diálogo:
- La comunidad campesina de Huayllay y la empresa minera Pan American Silver – Unidad Huarón
- La comunidad campesina de Yurajhuanca y la empresa Aurex.
Casos nuevos
Amazonas: En el Distrito de Cumba, organizaciones señalan que la empresa Consorcio Abra Lajas no estaría cumpliendo un adecuado trabajo.
Cusco: En el distrito de Coporaque, la comunidad campesina de Urinsaya exige a la Minera las Bambas que sea declarada como área de influencia.
Moquegua: En el distrito de Torata, la comunidad campesina de Tumilaca, Pocota, Coscore y Tala, demandan a la minera Southern Perú Copper Corporation una compensación por el uso de sus tierras como botaderos. La Defensoría del Pueblo identifica este conflicto como un caso en crisis durante febrero.
Piura: En el distrito de Sechura, los ciudadanos se manifiestan ante una posible afectación al ecosistema y exigen a Gases del Norte del Perú (GASNORP), que presenten un Estudio de Impacto Ambiental.
Piura: En el distrito de Chulucanas, la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico del Valle Alto Piura demanda al Gobierno Regional una mejor conducción del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (PEIHAP).
Regiones con más casos
Loreto sigue concentrando la mayor cantidad de conflictos sociales con 29 casos y al menos 10 de estos involucra a la empresa Pluspetrol. Siguen en la lista Cusco (19) y Áncash (15).
Los casos socioambientales también son los que continúan incidiendo. De 203 representan este tipo, 132 casos (65%). Este tipo de conflicto mantiene el mayor porcentaje desde abril de 2007.
Los conflictos vinculados a la minería representan el 65,2 % de los conflictos socioambientales con 86 casos. El segundo lugar corresponde al sector de hidrocarburos con 19,7 %, es decir, 26 casos.
De 25 alertas tempranas realizadas en febrero, Huancavelica concentra más casos (4) y continúan Cusco, Loreto y Pasco (3 en cada departamento).
Caso Repsol
El 15 de enero, más de 10 000 barriles de crudo de petróleo fueron vertidos desde el mar Ventanilla hasta Ancón, Santa Rosa y Chancay. El desastre ambiental se originó en el Terminal Multiboyas N.° 2 de la Refinería “La Pampilla”, administrado por Repsol del Perú S.A.C.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) impuso tres multas coercitivas de 100 UIT cada una a Repsol por el incumplimiento de tres de las catorce medidas administrativas ordenadas: identificación, limpieza de las zonas afectadas, y recuperación de hidrocarburos.
La ONU también intervino en el caso. La Unidad Conjunta de Emergencias Ambientales de esta organización, emitió un informe que estima que los daños por el derrame de crudo afectarán al menos seis años a la costa de Perú.
El 31 de enero, se comprobó que la Refinería La Pampilla de Repsol no había logrado detener el desplazamiento del petróleo derramado el 15 y 24 de enero del 2022. A fin de evitar más desastres, se ordenó la paralización temporal de las actividades de carga y descarga de hidrocarburos en los Terminales Multiboyas 1, 2, 3, y en el Terminal Monoboya T-4.
Este último jueves, OEFA levantó la medida de paralización temporal de carga y descarga en el Terminal Multiboya 1 de la Refinería La Pampilla, manteniéndose vigente en los otros tres terminales.
Las asociaciones de pescadores artesanales, comerciantes y la población afectada de los distritos de Ventanilla, Ancón, Santa Rosa y Chancay demandan indemnización por la afectación.