Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) otorgaría gestión de plantas de tratamiento de agua a gobiernos locales, que carecen de agencia y capacidad técnica para su mantenimiento.
Federaciones de las Cuatro Cuencas denuncian que decisión de PNSR fue tomada sin consulta e incumple con los acuerdos hechos con el Ministerio de Vivienda.
Mediante un pronunciamiento realizado en el marco del XVIII Congreso de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT) realizado los días 20, 21 y 22 de octubre, representantes kukama denunciaron las acciones del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) que pondrían en riesgo el acceso a agua apta para consumo humano en más de 60 comunidades de las cuencas del Marañon, Pastaza, Corrientes y Tigre.
El PNSR ha decidido “de manera unilateral, prepotente e irresponsable […] entregar a gobiernos locales la responsabilidad administrativa y de gestión de nuestras Plantas de Tratamiento de Agua”, se lee en el pronunciamiento de los pueblos kukama y urarina. Esta decisión, dicen, pondría en riesgo el funcionamiento de las plantas ya que “los municipios desde el año 2015 han desarrollado de manera fallida, corrupta y con mal uso de recursos, proyectos vinculados precisamente a agua y saneamiento de las comunidades”.
En el pronunciamiento señalan que el PNSR estaría rompiendo el acuerdo firmado con el Ministro de Vivienda en el Acta de Lima de 2015, donde se estableció que las Plantas de Tratamiento de Agua serían administradas por el Ministerio de Vivienda hasta que sistemas intradomiciliarios de agua y saneamiento sean implementados. Las federaciones de las Cuatro Cuencas indican que el PNSR justifica su decisión de transferir la gestión de las plantas a los gobiernos locales en el hecho de que, según ellos, las plantas de tratamiento respondían a una emergencia sanitaria declarada en 2014, y que hoy dicha emergencia “no está vigente”. Ante ello, la federación kukama responde que la necesidad de asegurar acceso a agua sana y garantizar la salud de la población se trata de derechos fundamentales que no pierden vigencia.
Por ello, en el pronunciamiento no sólo exigen que la gestión de las plantas continúe a cargo del Ministerio de Vivienda, sino que se cumplan los compromisos pendientes con los pueblos de las Cuatro Cuencas, como la conclusión de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) para la implementación de sistemas de agua y saneamiento intradomiciliarios, entre otros.
Cabe resaltar que las federaciones indígenas enviaron una carta al respecto al Ministro de Vivienda el 11 de octubre; sin embargo, aún no se recibe respuesta de la institución.
A continuación puede leer el pronunciamiento completo:
Pronunciamiento en el marco del XVIII Congreso de ACODECOSPAT
RECHAZAMOS el atentado contra las plantas de tratamiento de agua por parte del PNSR
Las comunidades kukamas y urarinas organizadas en la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), reunidas en el marco del XVIII Congreso, celebramos los 19 años de nuestra organización indígena y nos ratificamos en el shungo de nuestro compromiso por la defensa nuestros derechos, del territorio y de la vida plena, bases de nuestra lucha, propuesta y visión.
Desde ese compromiso hemos enfrentado la sistemática vulneración de derechos que cometen las empresas petroleras y el Estado peruano; con derrames de petróleo que contaminan nuestros territorios; con corrupción y negociados de gobiernos locales, regional y central que incrementan las brechas para que los pueblos indígenas accedan realmente a una vida digna y plena; y con artimañas para dividir y destruir nuestra organización y unidad indígena para validar programas trabajados sin nuestra participación. A pesar de todo ello, hemos sido capaces de hacer propuestas al Estado y sentar a máximas autoridades ministeriales, para que rindan cuentas por sus incumplimientos, asuman su responsabilidad y cumplan como autoridades.
Sin embargo el Estado busca avanzar pisando nuestro derechos. Este es el caso del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), que de manera unilateral, prepotente e irresponsable, pretende INCUMPLIR el compromiso firmado por el Ministro de Vivienda en el Acta de Lima de marzo de 2015, entregando a gobiernos locales la responsabilidad administrativa y de gestión de nuestras Plantas de Tratamiento de Agua, que actualmente proveen de agua apta para el consumo humano a 65 comunidades de las cuencas las Marañón, Pastaza, Corrientes y Tigre.
PNSR señala que esta decisión surge porque las plantas se implementaron en el marco de una “declaratoria de emergencia sanitaria”(2014), y que está ya no está vigente. Sin embargo ¿acaso la emergencia real de salud y acceso a agua no se mantiene en nuestras comunidades? La emergencia de la salud de los pueblos indígenas y el derecho a acceso a agua sana no son solo un hecho administrativo, los impactos que nos dañan y afectan a diario no se detienen. Las plantas de tratamiento son producto de varios años de lucha de la plataforma PUINAMUDT de las cuatro cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón; son además un paso importante en el camino para asegurar acceso definitivo a agua apta para consumo humano y una vida más digna para nuestros pueblos.
Rechazamos esta decisión, no porque estamos en contra de los gobiernos locales sino porque, como tiene conocimiento el propio PNSR y otras instituciones públicas como el Ministerio de Vivienda y la PCM, los municipios desde el año 2015 han desarrollado de manera fallida, corrupta y con mal uso de recursos, proyectos vinculados precisamente a agua y saneamiento de las comunidades. valiosos y exitosos mecanismos de cogestión con el Ministerio de Vivienda y el PNSR que deben mantenerse tal como fue comprometido; mecanismos que en los últimos meses el PNSR ha querido destruir, en tanto que desde el mes de julio los promotores sociales de las comunidades y los coordinadores de cuencas que supervisan las plantas de agua se encuentran sin contratación. Este tipo de acciones atenta con nuestro derecho a participar en las medidas vinculadas al desarrollo de los pueblos indígenas que implementa el Estado en territorios indígenas.
Consideramos estas acciones como un atentado contra el derecho básico al agua de las poblaciones indígenas, ya que destinar la gestión de las plantas a instituciones sin capacidad técnica para operarlas y dar mantenimiento, y sin agencia para sostenerlas, es sentenciar a nuestra población a una muerte segura.
Desde ACODECOSPAT, y desde la plataforma de PUINAMUDT – Cuatro Cuencas, siempre apostamos por el diálogo y la buena fe, pero el PNSR ha faltado al canal de trabajo y diálogo institucionalizado que nuestra plataforma sostiene desde hace mucho con el Ministerio de Vivienda, y ha tomado decisiones sobre nuestras vidas sin consultarnos, lo que pondrá en alto riesgo la vida de niños y niñas, mujeres y hombres en comunidades indígenas del río Marañón, Pastaza, Corrientes y Tigre. Por ello, hacemos un llamado de alarma y exigimos al PNSR a ceñirse a los compromisos que tenemos con el Ministerio de Vivienda:
1. Primero, que tal y como se indica en el Acta de 10 de Marzo de 2015, las Plantas de Tratamiento de Agua sean administradas por el Ministerio de Vivienda hasta que los sistemas intradomiciliarios de agua y saneamiento comprometidos por el propio Ministerio se instalen en comunidades.
2. Segundo, que el PNSR concluya cuanto antes los Proyectos de Inversión Pública (PIP) pendientes sobre los sistemas intradomiciliarios de agua y saneamiento; y que se den inicio a las obras de los proyectos que ya están listos. Precisamos que, en el en el caso de las comunidades kukamas del Marañón, estos PIP ni si quiera se ha concluido, e incluso faltan en algunos casos hasta 2 años para el inicio de ejecución de obra.
3. Tercero, que el PNSR respete el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y cese su insistencia en la implementación de Plantas de Tratamiento de Agua de Lluvia en los territorios de las cuatro cuencas. Nuestros pueblos, en reiteradas ocasiones, han aclarado mediante documentación oficial , su rechazo a este tipo de proyectos por carecer de sustento técnico adecuado y pertinencia cultural.
4. Advertimos que si PNSR y el Ministerio de Vivienda no respetan estrictamente los acuerdos firmados y el derecho que ampara a los pueblos indígenas a que se coordine, trabaje y acuerde con ellos toda intervención del Estado vinculada al desarrollo, salud y bienestar futuro, las comunidades que nos veremos afectadas tomaremos decisiones drásticas y haremos que se respete nuestro derecho.
Cocha San Pablo de Tipishca, 22 de Octubre de 2019