No es novedad que en el Perú quienes ejercen el poder político quieran desempeñar sus funciones en atención a sus voluntades individuales o a las de los grupos que representan, dejando de lado el interés real de la sociedad peruana y el desarrollo de la misma, desvirtuando el mandato popular otorgado mediante elecciones democráticas.
De pronto, somos testigos que actores políticos, congresistas y funcionarios estatales, de los que por cierto no es usual obtener noticia positiva alguna respecto a sus grandes aportes en favor de los peruanos y peruanas, salen enardecidos ante el ojo de la opinión pública para mostrar su “preocupación” por la presunta afectación a la soberanía del Perú, debido a la participación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como instancia de justicia internacional, que con sus pronunciamientos supuestamente estaría restándonos autonomía, debido a que “descaradamente” estaría evitando que los Estados no puedan tolerar acciones que, disfrazadas de legalidad interna, atenten a los intereses legítimos de los seres humanos que los habitan.
Tal es así, que ahora vemos esas reacciones contrariadas de los servidores estatales ante el pronunciamiento de la CIDH que ordena el archivamiento de la acusación constitucional de Congreso peruano en contra de los magistrados del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinoza-Saldaña por el presunto delito de prevaricato al emitir la sentencia que devuelve la condición de lesa humanidad a los hechos ocurridos en el desaparecido penal El Frontón en 1986.
Al respecto, tenemos posiciones preocupantes como las del congresista Víctor Andrés García Belaunde, quien, como si no conociera de deberes internacionales de un Estado, opinó que el Perú no está sometido a ningún mandato imperativo de nadie, por lo que invoca a la desobediencia de un país y motiva a no hacer caso al fallo, pues para él la CIDH es bastante mediocre; asimismo, Mauricio Mulder, flamante compañero de Alan García, quien fuera presidente en el año de la ocurrencia de los crímenes de El Frontón, señala que es inaceptable dicha resolución y mencionó, además, vía twitter: “Burócratas de 30 mil dólares mensuales se creen la divina pomada”, en clara alusión a los miembros de dicha Corte.
Pero lo que resulta más alarmante aún es la postura del propio presidente del Poder Legislativo, Luis Galarreta, quien, primero a través de una carta formal al presidente de la República, violando el principio de la separación de poderes del Estado, exhorta a Pedro Pablo Kuczynski a no acatar el fallo de la CIDH, pues según él, ello transgrede la soberanía del país y posteriormente, en un acto de preponderante arbitrariedad, al amparo de la desafiante bancada de la cual es parte, menciona sin reparo alguno que “El acuerdo de la mayoría es que el proceso debe continuar”.
En principio ¿quiénes son la mayoría?, ¿acaso no se trata de la bancada que representa al partido político que desciende de la nefasta dictadura corrupta de los noventa y que a la fecha, incluso en su versión renovada, carga la mochila de acusaciones vinculadas al tráfico ilícito de drogas, entre las innumerables acciones amorales e incluso presuntamente delictivas?
Como consecuencia de estas opiniones y evidentes conductas atentatorias al orden constitucional y democrático es oportuno aclarar ciertos aspectos vinculados a la últimamente invocada soberanía, que al parecer nuestros padres de la patria estarían obviando, con la finalidad de defender la postura de que, en el Perú, con una cuota de poder todos hacen lo que la voluntad ordene. Es por esa razón que, en una sociedad tan convulsionada como la nuestra, es necesario precisar un aspecto fundamental que no puede pasarse por alto: la soberanía no es un poder ilimitado del Estado.
La soberanía, que es el argumento vilmente utilizado para defender el autoritarismo, claro que implica la independencia y el deber de no intervención de los Estados, pero además tiene carácter constitucional vinculado con el Derecho Internacional. Tal es así que, desde la perspectiva del Derecho Internacional Público, no se puede dar cabida a una concepción absolutista de la misma, pues el desarrollo global de los Estados y la valoración superior a los seres humanos, permiten la sumisión de los mismos, precisamente en el ejercicio de la soberanía, al Derecho Internacional como reglas de conducta obligatorias, a fin de evitar que los gobiernos imperen su voluntad antojadiza sobre el propio Estado que debe salvaguardar a sus habitantes mediante la defensa irrestricta de sus derechos humanos, la relación con su territorio y la forma en cómo se ejerce el poder político para que ello sea posible.
Al parecer, es necesario recordarle a Luis Galarreta, quien es profesional en el Derecho por cierto, que no solo se trata de un mandato internacional, sino que se encuentra incorporado en nuestro ordenamiento constitucional.
Bajo ese escenario es que la CIDH ha emitido su pronunciamiento, cuyo efecto, en resumen, implica que al ratificar la Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 17 de diciembre de 2017, se permite que los hechos ocurridos en El Frontón sean calificados como lesa humanidad y por ello no prescriban, con lo cual será posible continuar con la búsqueda de justicia de los ciudadanos Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Ugarte Rivera, quienes se encontraban detenidos en dicho establecimiento penal sin mediar orden judicial, ni haber sido encontrados en flagrante delito y tampoco puestos sin demora a disposición del órgano jurisdiccional competente y fueron víctimas, por lo que el Estado violó su derecho de la libertad personal. Pero, sobre todo, implica la salvaguardia de nuestro Estado de derecho y el respeto a la independencia de los organismos constitucionales como el Tribunal Constitucional peruano, que debe ser autónomo en sus pronunciamientos como máximo intérprete de nuestra Carta Magna.
En ese sentido, acatar lo resuelto por la CIDH no implica nada más que respetar la autonomía del Tribunal Constitucional y a su vez habilitar la permanencia de una investigación vinculada a un hecho de lesa humanidad registrado en nuestro país y así poder identificar a los responsables; situación que no debería generar preocupación alguna en los políticos peruanos, ¿o sí?
Entonces, si respetar la democracia y el orden interno es motivo de “preocupación” en el Congreso, los que debemos comenzar a preocuparnos somos nosotros, los peruanos y peruanas que vivimos en este territorio que pretende ser, una vez más, saqueado en su dignidad. Es por ese motivo que las posturas y conductas desafiantes de nuestros servidores estatales que promueven la desobediencia de la observancia de los pronunciamientos de la CIDH deberían alarmarnos, llamarnos mucho la atención y convocarnos a la defensa de nuestra patria, puesto que, sus reacciones generan indicios razonables para creer que en el fondo se encuentra la defensa vehemente de un modelo de Estado en donde las voluntades personales de quienes cumplen la función pública se impongan sobre el bien común y los intereses colectivos.
Por estos motivos, quienes valoramos el desarrollo de nuestras vidas en una sociedad de permanente construcción de la democracia, debemos ser vigilantes ante estas evidentes manifestaciones de autoritarismo y no permitir que los intereses ocultos ajenos al beneficio del Perú pretendan manipular nuestras percepciones, bajo el falso y descarado discurso de la alteración de la soberanía nacional, respecto a la función de la justicia internacional, que lo que busca es garantizar que en nuestro Estado se respeten los derechos humanos y la legalidad que viabilizan estos.
Hoy, al ver la reacción de los herederos de la dictadura confirmamos, una vez más, el porqué de la necesidad de contar con una instancia supranacional que pueda proteger nuestros derechos.
Sentencia de la CIDH: http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/durand_se_02.pdf