Escribe Pier Paolo Marzo Rodríguez
La pandemia del coronavirus ha hecho que todos tomemos en serio el derecho a la salud, y que reparemos en que se trata de un derecho de varias dimensiones, así como se conceptuó hace siete décadas al fundarse la Organización Mundial de la Salud.
Su Constitución (1946) definió la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades“. Y dejó fijado que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social“.
La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) confirmó, en su artículo 25, que
“1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…”, precisando que “2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales”.
Estos instrumentos fueron el marco de la obligación contraída por los Estados, el nuestro entre ellos, de reconocer el derecho a la salud y de adoptar medidas para asegurarlo. Así, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), prescribe que:
“1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”. Y que “2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: … c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; y d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad”.
Por ello, en Perú, la Constitución establece en su artículo 7° que “Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa.”
Con todo este marco, resulta claro que proteger la salud en todas sus dimensiones es una obligación del Estado en sus distintos niveles. Y que en el nivel social, esto implica asegurar la alimentación para la nutrición adecuada de toda persona, elemento determinante de la salud conforme el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas. Hoy esto exige dos medidas complementarias a las que ya ha dado el Gobierno nacional:
1. Ampliar el bono alimentario a todas las personas que no tienen ingresos para proveerse de alimentos, y 2) asegurar que las canastas municipales se conformen con productos balanceados, incluyendo hierbas medicinales.
Sobre la ampliación del bono, varios economistas han explicado que no solo es técnicamente factible con los recursos disponibles en la reserva de contingencia del Estado peruano, sino que es imprescindible hacerlo para lograr el éxito del aislamiento social o cuarentena. Teniendo en cuenta que el Padrón General de Hogares, fuente de los beneficiarios seleccionados, estuvo lleno de filtraciones y adolece de un alto subregistro, acrecentado por los acontecimientos recientes. No hay manera de evitar que alguien con hambre o con un ser querido así, salga a la calle a buscar sustento. Para ello el método de selección ha de ser inverso al actual: en vez partir de un padrón deficiente, comenzar por el total de personas que no registran ingresos conforme a la información de Sunat y EsSalud y filtrar a quiénes ya están recibiendo transferencias directas.
Sobre las canastas municipales, urge obligar a las municipalidades a conformarlas balanceando nutricionalmente las adquisiciones, que han de hacerse a productores agropecuarios locales o regionales, superando barreras burocráticas, de manera que se les genere ingresos. Asimismo, es necesario neutralizar riesgos de corrupción, con el control concurrente de la Contraloría General de la República, mecanismos de transparencia en línea, así como de vigilancia y denuncia ciudadana que refuercen la prevención de sobrevaluaciones o favorecimiento indebido de proveedores en la adquisición de los productos. Los mecanismos de transparencia y vigilancia ciudadana han de acompañar también la distribución de las canastas, con el fin de asegurar que lleguen a quiénes más las necesiten.
Está surgiendo una nueva conciencia en el Perú y el mundo de qué es lo verdaderamente importante: la vida, la salud, la fraternidad, la comunicación transparente y la efectividad de los mecanismos públicos que las garanticen. El Gobierno puede y debe avanzar con medidas en ese sentido, que garanticen los derechos de todas las personas por igual.