El pleno del Congreso de la República acaba de aprobar un dictamen que modifica los artículos 10, 45, 61 y 63 de la Ley de Migraciones. El objetivo, como bien señala la Defensoría del Pueblo, es limitar el ingreso y tránsito de personas extranjeras de forma arbitraria y, lo que es más grave, buscar convertir a la población civil en agentes de vigilancia y soplonaje del Estado al más puro estilo de la Gestapo en Alemania.
Según la norma, los arrendatarios de inmuebles “cualquiera fuese su naturaleza y objeto, deben exigir la presentación de un documento que acredite la situación migratoria regular del extranjero con quien suscriba contrato de arrendamiento y de los otros extranjeros que habiten y formen parte del grupo arrendador en el mismo inmueble.” Y acto seguido, el arrendador debe informar a la Superintendencia Nacional de Migraciones.
Ya se ha dicho hasta la saciedad que un ciudadano extranjero en situación migratoria irregular, es decir, que no ha regularizado su documentación migratoria, no es igual a un delincuente, puesto que se trata de una falta, a lo más, administrativa, Hay múltiples factores que pueden provocarlo, incluido en muchos casos errores de la propia administración migratoria, como fue el caso de mi esposa en 2014 por no haber supuestamente acreditado su nuevo matrimonio, lo que al final se demostró infundado, pero no obstante estuvo casi todo un año sin documentos. Así como ella hay sinnúmero de ciudadanos de diferentes nacionalidades, especialmente de mujeres por la legislación machista, que no pudieron acceder a la residencia o la perdieron porque dependen de sus parejas peruanas que no les da la gana de hacerlo, aun cuando tengan hijas e hijos peruanos que no podrán sacar del país.
Esta ley discriminatoria contraviene el derecho constitucional a la libre contratación, imponiendo una restricción absurda a la vivienda que solo alimentará la xenofobia y extorsión de los más débiles. ¿Y qué viene después? ¿Restricción para educación de los hijos, atención de salud, viajes, compras de artículos de primera necesidad? El sueño o pesadilla del muro de Trump en un país pobre y con millones de peruanos en la diáspora, que empezarán también a sentir la discriminación en sus países de acogida por aquello de las leyes de la reciprocidad internacional.
Todo ello en nombre de la supuesta seguridad ciudadana, como si creyendo que los grupos delincuenciales de extranjeros que tanto promocionan los medios (más del 90% venezolanos) van a sentirse afectados por no poder conseguir alquiler de manera formal. No, el objetivo es segregar a los extranjeros pobres o de bajos recursos, tanto parejas abandonadas, familias en tránsito o jóvenes mochileros; como siempre, los perseguidos de todas las gestapos.
La legislación internacional en materia de migraciones y derechos humanos, de la cual el Perú también es signatario, condena este tipo de prácticas discriminatorias y xenófobas, por lo que la Cancillería y el Poder Ejecutivo deben observar esta ley que es una vergüenza.