Desde siempre, la prensa ha emitido «noticias» sobre ronderos secuestrando y golpeando a hombres y a mujeres por diferentes motivos, incluso por «infidelidad».
Ninguno de estos casos ha sido tratado por los medios de comunicación crítica y vehementemente, como ahora tratan el sucedido a periodistas de Cuarto Poder, quienes fueron víctimas de rapto, robo, coacción y amedrentamiento; más bien, los temas acaecidos en el interior del país —visto como un Macondo sin magia— eran tratados como lejanos, excéntricos e intrascendentes, que a nadie interesaban realmente porque no sucedían en Lima, incitando a la violencia y el desgobierno.
Los «capitalinos» (machistas y misóginos), miraban con gracia y hasta celebraban la humillación y la violencia que ejercían contra —por ejemplo— una mujer porque «engañó a su esposo», a quien los ronderos «castigaban por inmoral» a latigazos públicamente.
Según el Reglamento de la Ley de Rondas Campesinas (Decreto Supremo Nº 025-2003-JUS), imponer a sangre la moral o sus usos y costumbres no es una de sus funciones, incluso, para resolver conflictos, están obligados a respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio OIT 169, la Constitución y las leyes vigentes, y nada de eso hacen, lo cual es también culpa de gobierno tras gobierno, que abandona a las comunidades campesinas, nativas, centros poblados y caseríos, donde no tiene presencia, y donde el patriarcado y la homofobia son moneda corriente y por lo tanto se hace casi imposible el ejercicio real de la ciudadanía, menos sin salud, trabajo ni educación de calidad.
Es imprescindible que el Estado retome el «monopolio de la violencia» en todo el país (por medio de la Policía Nacional del Perú), y no deje en manos de algunos sujetos iracundos —por decir lo menos— esta. Pero más importante es promover el acceso y el goce de derechos humanos en las zonas más vulnerables mediante el enfoque de interculturalidad, pues sino ningún peruano o peruana se sentirá tal, con justa razón.
Por otro lado, ¿cuándo las instituciones tutelares de la radio, la prensa y la televisión cumplirán sus funciones y promoverán la ética en los medios de comunicación peruanos? Cuando estas empresas despiden a periodistas porque no se alinean con sus intereses (mal llamados «líneas editoriales»), es un acto de libertad de prensa; pero cuando alguien se queja de los canales por la violencia de sus reportajes, el acoso político o las medias verdades propaladas para enlodar honras y exigen que sean justos y honestos, se escandalizan y vociferan que atentan contra estos.
Los ronderos tienen funciones que son importantes para sus comunidades, las cuales son bastante específicas y están consignadas en su reglamento al igual que sus límites; todo lo que hagan por fuera de este violando los derechos humanos son delitos, y deben ir a la cárcel de cometerlos, como lo sucedido con los periodistas recientemente y las ciudadanas y los ciudadanos que fueron golpeados, amedrentados y humillados durante décadas, como lo hace el Estado con su insensibilidad y desidia con la mayoría de peruanas y peruanos.