Cuatro mujeres están sentadas, serias, en la sala que ha acondicionado el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional en Costa Rica, esperando a que empiece la conferencia de prensa sobre los casos Barrios Altos y La Cantuta, masacres efectuadas por los paramilitares del Grupo Colina, bajo las órdenes de Vladimiro Montesinos y con la conformidad de Alberto Fujimori. Cuatro mujeres que vieron el 7 de abril de 2009 la posibilidad de ir cerrando algunas heridas cuando la Corte Suprema de Justicia del Perú sentenció al expresidente a 25 años de prisión por estas dos matanzas y el secuestro y tortura del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer. Cuatro mujeres con las heridas abiertas nuevamente esperando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Audiencia que se celebrará el día siguiente, les devuelva la justicia que Pedro Pablo Kuczynski les arrebató el 24 de diciembre de 2017, al pactar con el hijo del dictador el indulto y la gracia presidencial a cambio de permanecer unos meses más en un gobierno tambaleante por las denuncias de corrupción.
Raida Cóndor, quien perdió a su hijo Armando Amaro (26); Rosa Rojas, quien perdió a Manuel Ríos (33), su esposo, y a Javier (8), su hijo; Carmen Amaro, quien perdió a su hermano; y Gladys Rubina, quien perdió a su hermana Nelly (17), 26 años después de las tragedias que marcaron sus vidas, confirmaron sus peores temores: el presidente que les había prometido no indultar al criminal que les arrebató lo que más amaban traicionó su promesa, las traicionó a ellas, y ahora, con sus heridas expuestas otra vez, sin ese constante miedo que las perseguía, porque el miedo se hizo real ante sus ojos, esperan que la Corte arregle lo que el gobierno peruano desarregló a punta de mentiras y pactos bajo la mesa.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos programó para el 2 de febrero la Audiencia Pública de Supervisión de Cumplimiento de Sentencia en los casos Barrios Altos y La Cantuta de 8:30 a 11:45 am. El Estado y la parte denunciante tienen 20 minutos cada uno para exponer sus alegatos. Como se espera, los representantes del Estado intentarán justificar el indulto otorgado a Fujimori, mientras que los demandantes harán todo lo posible para dejar en claro que el indulto es ilegal y que Fujimori debe volver a la cárcel a cumplir su condena.
Gloria Cano, directora de Aprodeh y abogada de los familiares, señaló que la Corte IDH “se está jugando el futuro del avance y desarrollo de los derechos humanos, y de la lucha contra la impunidad”.
Se espera que la Corte emita un pronunciamiento en dos semanas. Todo el Perú lo espera.