Mano Alzada
Opinión, Política

La lenta agonía de Edwin Oviedo

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, mantiene una lenta agonía que podría acabar si renuncia a su cargo, ya que diversos medios de comunicación difunden a diario nuevos audios que lo involucran con el suspendido juez César Hinostroza Pariachi y el detenido empresario y dueño de Iza Motors, Antonio Camayo. Su permanencia se muestra insostenible por donde se le mire, pero él no lo entiende de esa manera.

Pues bien. Si antes no había registro de una participación suya de manera directa en esta historia de corrupción judicial, entre el domingo y lunes, dos grabaciones revelaron la inevitable coordinación que tuvo con el cuestionado magistrado para que éste último pudiera adquirir entradas para asistir al reciente Mundial de Rusia. La conversación entre ambos personajes, que se esperaba sea expuesta por los mensajes que Hinostroza y Camayo intercambian en otros audios que lo señalaban como el ‘gordito’, demuestra que la corrupción no solo ha llegado al sistema judicial, sino al ámbito deportivo, donde -por paradojas de la vida- se vivió su mejor momento cuando la selección peruana volvió a una Copa del Mundo tras 36 años de ausencia.

En ese sentido, Edwin Oviedo se ha convertido en el problema que podría acabar con lo poco avanzado en el fútbol peruano. Las primeras consecuencias de su negativa a dimitir ya se han manifestado: el Comité Consultivo y los integrantes de la Comisión de Auditoría y Ética de la FPF han renunciado. Además, el presidente del Tribunal de Apelaciones, el abogado Juan Monroy, también dejó su cargo. En pocas palabras, el expresidente del Juan Aurich se ha quedado solo en medio del escándalo que podría llevarlo a responder ante la justicia. Por si fuera poco, el presidente de la Liga Departamental de La Libertad, Alfredo Brito, anunció que lo denunciará con toda la documentación  ante la FIFA, que -finalmente- podría decidir su futuro dentro de la FPF.

Así, ¿Edwin Oviedo ha manifestado su voluntad de apartarse del cargo mientras es investigado? Al contrario, el mandamás de la FPF solo se ha defendido a través de comunicados poco claros difundidos en las redes sociales. Su argumento principal frente a las acusaciones: si le encuentran algo indebido, entonces renuncia a su cargo. Sin embargo, se le puede creer acaso a un dirigente que -además- ha sido acusado por la Fiscalía de Crimen Organizado de Chiclayo de liderar la peligrosa organización criminal  ‘Los Wachiturros de Tumán’. Claramente, la respuesta es no. EL señor Oviedo no entiende que la crisis deportiva dentro de la FPF puede agravarse si se descubren más nexos con el juez Hinostroza y el detenido empresario Camayo.

Y dentro de su intento por aferrarse al poder, también podría alejar a la dupla de Juan Carlos Oblitas, director deportivo, y Ricardo Gareca, quien aún no renueva su vínculo con la Blanquirroja, de la reforma que se comenzaba a realizar dentro del balompié peruano. Si antes, Manuel Burga fue el personaje que provocó una crisis institucional de la FPF que se mostraba en los fracasos deportivos en cada eliminatoria, Edwin Oviedo sería el responsable que -nuevamente- el anhelado crecimiento futbolistico postergado durante mucho tiempo, se vea truncado por las ambiciones de un dirigente que -por lo escuchado por los audios- no le importaba estar rodeado de personajes oscuros, quienes -al final- demostraron que la justicia era su nicho natural para lograr beneficios particulares, que son ampliamente rechazados por la ciudadanía que está harta de tanta corrupción.

La única salida, por ello, para Edwin Oviedo es renunciar. Si no lo hace, él se vería expuesto a que – en el futuro- tenga la misma suerte del ex presidente de la Corte Suprema del Callao, Walter Ríos, quien está en prisión por realizar tráfico de influencias con su cargo. Sería una vergüenza que el máximo dirigente del fútbol peruano vaya a prisión. Suficiente que, en el extranjero, miren cómo nuestros presidentes de la república tras dejar el poder tengan que sentarse ante el banquillo de los acusados para responder por los presuntos actos de corrupción de sus gestiones.

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