Las y los malos ciudadanos han existido desde antes de la crisis sanitaria en nuestro país y hoy toda esa conducta de irresponsabilidad, desacato, indiferencia y egoísmo nos va a costar muy caro, nos va a costar la vida de peruanos y peruanas.
Hay muchas observaciones que podemos realizar respecto a la forma en cómo han gobernado nuestro país, en donde el robo institucionalizado, la articulación mafiosa y el mercantilismo indolente han hecho que nuestro sistema de salud sea tan precario, y no solo eso, sino en general, que tengamos entidades estatales tan débiles y con ello una masiva población que vive sin gozar de sus derechos fundamentales como le corresponde. Vivimos en un país que ha creado todos los espacios habilitantes para hacer que los derechos se conviertan en privilegios de unos cuántos y esto precisamente hace que en el Perú la lucha contra la pandemia sea muy ardua, pues pese a tomar las medidas de manera oportuna, la gente se está muriendo.
Hay hechos macro sobre los cuales las y los ciudadanos de a pie no podemos hacer mucho si es que no ejercemos poder de algún tipo, pero hay otros hechos individuales en esta lucha que sí dependen únicamente de nuestras actitudes personales y sobre esto debemos reflexionar y hacer una autocrítica. Hablemos solo del “quédate en casa”, si bien sabemos que el quedarse en casa no era fácil para quienes no tenían cómo subsistir durante esta temporada por la precariedad en la que han estado viviendo, también sabemos que el incumplimiento de las medidas de distanciamiento social no se ha dado únicamente por ese factor, sino por el comportamiento del peruano vivo y criollo acostumbrado a hacer lo que le da la gana con total impunidad.
En estos días hemos registrado la evasión de la responsabilidad colectiva respecto a la lucha contra la pandemia por el COVID-19, en la cual nuestras conductas y comportamientos individuales sí son de vital importancia, y de manera totalmente desconcertante hemos fallado enormemente a nuestro país, le hemos fallado a muchas familias que hoy sufren la pérdida de un ser querido, hemos fallado como sociedad pujante y hemos fallado como humanidad en sí misma al no importarnos ni siquiera la muerte masiva.
La persona que salió durante estos días incumpliendo la disposición del gobierno, es la misma que escupe en las calles, la que se pasa el semáforo cuando está en rojo, la que paga la coima al policía para que le deje conducir en estado de ebriedad, es la misma que acosa sexualmente a las mujeres en las calles, es quien le da la propina a los fiscalizadores municipales para que pase por alto la falta de su negocio, es quien arma la bronca callejera en el barrio como mecanismo para solucionar las diferencias, es la que se mete en la cola sin respetar a los demás, es la que bota la basura en la calle desde la ventana del micro, es quien utiliza las influencias para tener policías como vigilantes de sus casas, es quien orina en la pared del vecino, es quien vende productos robados, quien paga la coima en la Corte para comprar la decisión del juez, quien regala el whisky al trabajador de la entidad donde quiere que su trámite fluya más rápido, es quien contrata a otra persona bajo condiciones indignas, es quien ha hecho lo que le da la gana bajo la cultura del “no pasa nada”. Pero resulta que esta vez, la impunidad a la que la corrupción y la sociedad sin valores las ha acostumbrado no las blindará, porque el virus llegará de todos modos. Esa impunidad no se convierte en inmunidad en salud.
Es muy difícil, para una sociedad que no ha germinado el respeto por las y los demás, sentir el deber y la responsabilidad de cumplir con disposiciones en las cuales sus comportamientos individuales afectan a la colectividad. Las personas se están muriendo por una estructura estatal débil, pero también por la negligencia de las personas, y si bien muchas de estas pueden reconducir sus conductas y entender el propósito de las medidas que restringen temporalmente nuestras libertades con fines más trascendentes como es salvaguardar la propia vida, también es bueno analizar cómo es que se ha cimentado la cultura de la indolencia de manera tan contundente.
Las y los malos ciudadanos son el resultado de las mediocres gestiones gubernamentales de todos los niveles que no han fortalecido la educación cívica en las distintas políticas públicas implementadas, porque pareciese que solo es una responsabilidad de la gente, pero toda esta desgracia conductual se la debemos a los modelos económicos que han forjado de manera dolosa a personas sin sentido de responsabilidad social, que de sus derechos sepan muy poco y así habilitar el lucro de unos cuantos a costa del hundimiento de las y los demás.
De acuerdo con el Estudio Internacional de Cívica y Ciudadanía del 2016[1], solo el 34.8% de las y los estudiantes escolares del país reconoce la democracia como sistema político y comprende que las instituciones y leyes pueden promover valores democráticos en la sociedad. Asimismo, solo el 8% era capaz de justificar y evaluar las posiciones políticas o leyes en función de principios democráticos y la búsqueda del bien común. Por otro lado, en cuanto a la participación colectiva, el estudio arrojó que el 78.7% nunca se había involucrado en la toma de decisiones sobre el manejo de sus colegios, mientras que el 76.2% tampoco formó parte de asambleas estudiantiles y el 61.2% no se involucró en absoluto en las actividades para el cuidado del medioambiente. Con este estudio se evidenció una vez más la necesidad de reforzar la educación ciudadana en el Perú. Esto nos da una pista del comportamiento social de los adultos que fueron formados con estas deficiencias.
En el Perú se ha perdido la educación cívica y ese curso que parecía tonto e inservible y que dejó de impartirse de manera obligatoria y con calidad ha desatado una generación de adultos descriteriados, irresponsables y egoístas que no entienden lo que es vivir en sociedad, y es importante señalar que, aunque seguramente hay muchos otros factores que han contribuido a que esto sea así, el nefasto gobierno fujimorista hizo lo suyo para que la población esté como está en cultura de valores cívicos.
¿Fujimori tiene la culpa de las desgracias del Perú? Pues sí.
En el gobierno del dictador Alberto Fujimori se hicieron terribles modificaciones al currículo educativo escolar, se disminuyó el presupuesto público para el sector educación y se modificó la estructura organizacional del Estado. Bajo el rótulo de “modernización educativa” se tomaron medidas políticas pauteadas por el Banco Mundial, que eran fachadas sin planeamiento sostenible, con fines mercantiles únicamente y no propiamente de garantía del derecho a la educación. Recién en 1997 se debatió la nueva propuesta en el ámbito de la educación y sobre esto se registraron algunos sucesos que merecen ser tomados en cuenta:
- Hubo una fuerte reducción de los trabajadores del Ministerio de Educación al mínimo, se empieza por contratar personal de manera temporal, lo cual no permitió la creación sostenible en el tiempo de una memoria institucional con proyectos de largo aliento.
- Se incentiva la privatización educativa, mediante lo siguiente:
- Fujimori promulga el Decreto Ley N° 699 en el año 1992, que dispuso la “cesión en uso” de colegios estatales a entidades privadas, limitando la gratuidad de la educación, pero como el hecho fue tan escandaloso, el SUTEP realizó una gran presión social que logró la derogación de la vergonzosa norma. Así que la intención de mercantilizar al máximo la educación estuvo presente, aunque no se materializó como hubiera deseado el dictador.
- En 1995 inicia diversas reformas en las cuales se dispone que los directores de los colegios monitoreen de manera empresarial los centros educativos, para esto se permitió, mediante el Decreto Supremo N° 48-94-ED, que los centros educativos realicen actividades para financiarse y obtengan ingresos propios, con el vil propósito de justificar la reducción presupuestaria al sector y que los colegios se las arreglen solos.
- Aprueba los Decretos Supremos N° 003-98-DE, 004-98-DE y 007-98-DE, mediante los cuales incentiva la creación de instituciones educativas privadas y ahí se estimula al sector privado a lucrar con un derecho tan fundamental como lo es la educación.
- La educación se convierte en un negocio y mediante la Ley N° 26549 plantea incentivos y autonomía para el gran mercado de la educación particular.
- Ahora bien, como el personal del Ministerio de Educación era tan reducido nunca se promovió las capacitaciones ideales de las y los docentes, y se buscó la forma lucrativa de parchar dicha falencia, por lo que se tercerizó el servicio de formación continua de las y los maestros a los denominados “entes ejecutores”. Así fue como el Estado “sacó cuerpo” de su obligación de potenciar la formación del magisterio.
- Disminuyó de manera crítica la calidad educativa, sobre todo para los sectores más precarizados, en donde solo bastaba enseñar los conocimientos más básicos como aprender a leer, algo de matemática y listo. Recuerden que ya la educación pública no importaba, pues si alguien quería una educación de mejor calidad se la tenía que pagar con sus propios recursos.
- Y finalmente, la conducta autoritaria y lesiva contra los derechos humanos también tocó al SUTEP y demás movimientos políticos del magisterio, a quienes los redujeron de manera abusiva cuando se levantaron en indignación por la forma en como saboteaban la educación pública; siendo que fueron estigmatizados como terroristas de manera injusta.
Fujimori fue muy astuto, porque mientras hacia leña con la educación pública construía muchas edificaciones naranjas que bien recordarán, para así dejar un impacto sensacionalista en la población que se dejaba llevar por lo que veía y no por lo que en realidad estaba ocurriendo. Nadie visibiliza la mafia que había detrás y solo recuerdan al hombre “del pueblo” que iba de ciudad en ciudad con su tractor saludando a la gente.
Hoy, es lógico que con todas esas falencias en la educación existan ciudadanos y ciudadanas tan irresponsables. Hoy vemos cómo todo el descuido a la educación integral nos está dando golpes duros, pues mucho se ha creído que el adquirir conocimientos más “científicos”, por decirlo de algún modo, era recibir educación, pero no es así. Las y los peruanos no saben sus derechos, pero tampoco interiorizan sus obligaciones ciudadanas e increíblemente ni la muerte los alarma como debería.
Todos esos niños y niñas que crecieron en una sociedad golpeada en su moral y dignidad al mando de diversos gobiernos corruptos e ineficientes que lucraron con los derechos, se han convertido en personas sin sentido del deber, pensando que la política no los afecta en sus vidas individuales y creyendo que ser negligente e irresponsable es ser “bacán”.
Esas conductas descaradamente inconscientes nos están matando, porque este nefasto sistema educativo en civismo, además ha creado monstruos de la negligencia que sabotean las medidas de salvación de la sociedad desde sus posiciones como ciudadanos, y a su vez cuando ocupan posiciones de poder al ser autoridades y funcionarios de los distintos niveles de gobierno. Ya hemos visto la mediocridad de la gestión de los gobiernos regionales y locales, como también de los jefes de mando medio.
La ausencia del civismo, la falta de responsabilidad social y la indiferencia colectiva nos va a matar y la gente no se está dando por enterada. Las esperanzas del cambio en las conductas de las personas son casi nulas, vamos a sufrir y mucho, pero ojalá no se necesiten muchas muertes para que la conciencia social abrace más a cada peruano y peruana, y podamos salir de esta como queremos.
[1] El estudio se realizó en el Perú, Bulgaria, Chile, China Taipei, Colombia, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Italia, Letonia, Lituania, México, Noruega, Países Bajos, Rusia, Suecia, Malta, República Dominicana, Bélgica, Hong Kong, Renania del Norte-Westfalia y República de Corea del Sur.