El Perú empieza su camino a la “nueva convivencia”, con siete regiones aún en aislamiento social obligatorio, y con un sistema de salud pública colapsado. Luego de más de 100 días confinados, los peruanos y las peruanas vuelven a las calles en el intento de llegar a fin de mes y sobrevivir.
El coronavirus sigue siendo una amenaza para la vida y la salud de las personas. Empero, no es la única que existe, además de las grandes brechas sociales que se han hecho aún más evidentes y mortales, debemos enfrentar a la maquinaria estatal dispuesta a precarizar aún más nuestras vidas y aprovechar este momento de crisis para lanzarnos a la desprotección frente a los intereses de las grandes empresas. Nuestras tragedias, como advirtiera Naomi Klein en La doctrina del shock, son vistas como oportunidades ideales por el poder económico y político para implementar las medidas más salvajes.
Las clínicas privadas que cobran los medicamentos hasta 100 veces su precio real, que lucran con las pruebas gratuitas del Estado o que piden 70 mil soles a los familiares de un muerto por coronavirus para poder retirar su cuerpo, no son casos aislados, son la representación de un sistema que se sostiene mientras nos hace pedazos. Si bien se ha aprobado una “tarifa social” para el intercambio prestacional de pacientes con covid-19, aún los peruanos mueren sin poder a acceder oportunamente a atención médica. Mientras tanto, las clínicas privadas continúan lucrando en medio de una pandemia. Siempre será más importante la libertad de empresa que la salud y la vida de las personas, porque en un mundo de mercancías, todo derecho puede ser comercializado.
Asimismo, el Gobierno lanzó Reactiva Perú con la promesa de beneficiar con créditos baratos a la micro, pequeña y mediana empresa que son quienes emplean a la mayor cantidad de PEA en el Perú. Sin embargo, en cifras porcentuales, las microempresas accedieron solo al 3% de los S/24 mil millones de Reactiva Perú; en tanto, la pequeña y mediana empresa accedieron al 20% y 4% respectivamente. Resultando las más beneficiadas las grandes empresas que recibieron el 71% de los 24 mil millones, con préstamos de hasta 10 millones de soles. Es evidente que, pese a los sendos discursos de nuestras autoridades, los programas de rescate económico tienen un solo objetivo, beneficiar a los grupos económicos más poderosos del Perú, por lo cual no resulta extraño que Intercorp, Grupo El Comercio, Minera Volcán, Chinalco Perú, oligopolios pesqueros como Exalmar y grandes firmas de abogados que mantienen temas pendientes con el Estado se encuentren en la lista de beneficiarios.
Del mismo modo, recientemente, la ministra de Economía ha señalado que se financiará la identificación de todos los pueblos originarios del Perú por parte de Ministerio de Cultura, no para implementar un mejor de sistema de salud o reconocer sus derechos como pueblos originarios, sino con el objetivo de ser más competitivos y eficientes, dicho en otras palabras, acelerar el empadronamiento o el registro de comunidades para destrabar o promover proyectos de inversión para actividades extractivas.
Lo cual se ha hecho más evidente con el anuncio de la realización del proceso de consulta previa para el proyecto minero San Gabriel, de la compañía Buenaventura. En plena pandemia, en modalidad virtual y afectando el derecho a un diálogo intercultural y accesible para una decisión informada por parte de la comunidad.
Como vemos, cada vez que un presidente, congresista, ministro o ministra abre la boca para hablar sobre el Perú “competitivo” y “eficiente” echa por tierra los derechos de las personas y olvida que los poderes del Estado existen para garantizar una vida digna, justa y libre para todos los ciudadanos, no para funcionar bajo una lógica corporativista favoreciendo a sus aliados de la CONFIEP.
Ahora que vivimos tan preocupados por nuestros problemas más cotidianos, en días en lo que es apremiante poner un pan sobre la mesa, algunos hacen su festín y nos lanzan a la jaula de los leones sin ninguna arma con la cual defendernos. No hay mejor descripción que esa para la “nueva convivencia”.