Desear la peor de las consecuencias a un ser que realiza un acto tan despreciable como la violación sexual a una niña es una reacción humana totalmente natural y comprensible. Desear la muerte hacia un ser despreciable que violenta a una persona en estado de indefensión es la consecuencia natural que surge ante el destape de los sentimientos más oscuros que emitimos cuando somos testigos de hechos que atentan contra nuestra propia humanidad. Es por ello que el hecho ocurrido en contra de la pequeña MJ ha causado un dolor profundo a toda la sociedad peruana, hecho que por cierto no es un caso aislado, sino que forma parte de este conglomerado de sucesos de violencia de género que vivimos día a día.
Sin embargo, las políticas públicas que deben implementarse para enfrentar la criminalidad en un Estado de derecho se fundan en el ejercicio racional de quienes conducen nuestra sociedad y no en atención a estas emociones que responden a nuestra sensibilidad humana. Es por ello, que alarma y genera una preocupación exorbitante que se haya puesto nuevamente en el tapete de la opinión pública “la pena de muerte”, sobre todo cuando “la medida” proviene de quienes sí son conscientes de que no se trata de la salida más idónea.
La población en general que no tiene conocimientos sobre temas vinculados al Derecho Penal y penitenciario -y que tampoco tiene por qué tenerlos- puede considerar a la pena de muerte como una vía que solucione el problema de la violencia machista en el Perú, que en este caso se plasma en la violación sexual; pero quienes tienen nociones de lo que implica ejercer el poder político para aplicar medidas legales que regulen las conductas de las personas en una sociedad, no tendrían por qué pensar en esa opción, por lo que hacerlo y fomentar la idea es o bien un acto irresponsable, vil y manipulador para respaldar otros intereses o en todo caso es el resultado de una mediocridad imperante en la formación de nuestros actores políticos peruanos.
La pena de muerte es la “solución” más simplista, es la medida facilista y la alternativa más floja de atender a una problemática que por el contrario requiere un arduo trabajo y compromiso que se enfoque en aspectos sociales, culturales y económicos, los cuales aterrizan a través de la actividad política.
Las sanciones penales tienen como finalidad fundamental, además de castigar al culpable, evitar que se sigan cometiendo los delitos y por eso hablamos de la función disuasiva, pero su aplicación tiene que darse de manera conjunta con otras actividades que permitan el restablecimiento de la sociedad que es dañada por estos actos cometidos y la prevención de los mismos.
La aplicación de la pena de muerte no solucionará el problema de la violencia machista en el Perú y su implementación no sería viable por diversos motivos, entre los que destaco a continuación:
- La pena de muerte no es disuasiva, puesto que aunque muchos crean que al ver la aplicación de la pena capital las personas tendrán reparos para cometer el delito, las experiencias internacionales nos dicen lo contrario. Tal como también lo expresaba el ex presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, Alberto de Belaunde, en el caso de Japón y Estados Unidos la tasa de crímenes no ha disminuido, por lo que no existe evidencia alguna que permita afirmar que una sociedad democrática que tenga en su legislación la sanción de muerte haya visto reducido el número de criminales.
- El sistema de administración de justicia en el Perú es ineficiente por decir lo menos. Al respecto, cuando mencionamos al sistema en general incluimos tanto al Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional como a las universidades que forman profesionales en derecho, los cuales tienen en la mayoría de situaciones como común denominador a la corrupción en su propia estructura interna. Por ejemplo, en el caso de la niña MJ se registró un acto negligente de la PNP al no atender y actuar de manera inmediata ante la denuncia de desaparición, inacción que tal vez hubiera podido evitar el feminicidio, siendo una situación que no se soluciona con la pena de muerte. La falta de empatía por parte de los efectivos policiales para atender las denuncias, la dejadez de los fiscales para realizar las investigaciones debidas y determinar el delito para el proceso judicial, la falta de celeridad en la actuación del juez y la facilidad para la compra de su decisión plasmada en el fallo judicial, la mediocridad académica y ética con la que son formados los profesionales de Derecho, que generan impacto en la lucha contra la criminalidad, no se van a solucionar con la pena de muerte.
- No es jurídicamente posible debido a que nuestro Estado peruano ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el conocido Pacto de San José, que no admite la pena de muerte en los países que voluntariamente aceptaron ello, pero que a su vez ha permitido en diferentes ocasiones salvaguardar nuestros derechos en gobiernos dictatoriales, defender nuestras libertades, fortalecer la democracia e incluso poder crear el tipo penal de feminicidio en nuestro ordenamiento jurídico, que ahora protege a las niñas y mujeres peruanas víctimas de la máxima expresión de la misoginia registrada.
En ese contexto, el argumento de retirarnos de este compromiso internacional en atención a la idea de una soberanía irrestricta, además de asumir las sanciones como consecuencia del incumplimiento de la obligación contraída, nos pondría en riesgo a todos los peruanos y peruanas de ser vulnerables ante actos dictatoriales y autoritarios que puedan darse en los gobiernos de turno. Estaríamos ante un escenario terrible en donde bajo la presunta motivación de sancionar drásticamente a los violadores de niñas, nuestros derechos y libertades estarían en riesgo y fácilmente pasibles de ser restringidos al amparo de una legalidad sin límites.
Y es este último punto el que más ha estado expuesto al escarnio popular y es el que en cierta forma pone en manifiesto la conducta violenta del peruano promedio, pues quien apela a poder hacer en su país lo que la voluntad le mande mediante el uso de poder político obtenido por voto popular va en la misma sintonía de quienes apelan a la autonomía de los hogares y el respeto irrestricto de la no vulneración de lo que sucede en las cuatro paredes cuando el Estado quiere intervenir, que por lo general es en respeto y protección de los derechos ante casos de violencia familiar.
En consecuencia, el punto central no versa sobre la preocupación en cautelar la vida del criminal y violador, quien por cierto es receptor de nuestros deseos más despreciables, sino que se trata de establecer una política integral para evitar que existan esos seres, que no son más que el resultado de la desatención del Estado por cuidar a sus niñas y mujeres, y ciudadanos en general.
La pena de muerte no va y no va porque está en juego no solo la vida de quienes podrían ser sancionados injustamente bajo el amparo de un mediocre sistema judicial, sino porque la vida como tal, nuestra vida y los derechos inherentes a ella que hacen posible que sea llevada de manera digna, estarían en juego y eso no lo podemos permitir.