El editorial de La República del 26 de febrero pone el dedo en la llaga sobre la grave situación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el órgano que elige y destituye a jueces y fiscales en el Perú. El cuestionado proceso de elección del exrector de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), Orlando Velásquez, documentada abundantemente por IDL Reporteros, no es sino la punta del iceberg que retrata la situación terminal de esta entidad, la cual no goza de la confianza de la opinión pública y sobre cuyas decisiones tan importantes para el país penderá siempre la duda de a qué intereses sirve.
Conviene recordar entonces que el CNM nació con la Constitución de 1979 y fue reformulada en la Carta de 1993, partiendo de la idea democrática de dejar en poder de la ciudadanía, a través de la inclusión de instituciones claves de la sociedad civil, la decisión de colocar o sustituir a los miembros del sistema de justicia. Nadie puede criticar el principio con el que fue diseñada esta institución. Sin embargo, aunque fue creada con esperanzas democráticas, fue rápidamente pervertida por prácticas clientelares ampliamente instaladas en la cultura política local, en donde casi todo se mueve a través de redes de clientelaje y patrimonialismo, y en donde el cacique de turno o dueño de una parcela de poder se relaciona a través de dádivas o intercambios con los miembros de la cadena. Este modus operandi que no tiene como interés principal el “bien común”, sino que coloniza la cosa pública para defender intereses privados, estaría en todas las instituciones que eligen a los miembros del CNM y se evidenciaría, a su vez, en la elección del presidente de este organismo.
¿Pero cuáles son las alternativas? Al respecto, se han propuesto varios proyectos de reforma del CNM. El más reciente, perteneciente al Ejecutivo, creemos que sería un paso atrás. Este proyecto plantea reducir de siete a cinco los consejeros del CNM, dejando un representante del Ejecutivo, uno del Congreso, uno del Poder Judicial, uno del Ministerio Público, y un miembro final elegido en consenso por los cuatro primeros. De esta manera, el gobierno de Kuczynski plantea darle mayor escrutinio público al proceso, el cual ahora se conduce por espacios fuera del control de la opinión pública, al mismo tiempo que elimina la participación de la sociedad civil en la constitución del CNM, restándole poder a la ciudadanía. Esta no puede ser la solución.
La idea democrática de dejar la elección de jueces y fiscales en manos del CNM no ha surtido efecto porque parte del supuesto errado de que por tratarse de personas altamente preparadas, sus decisiones tendrían mayor peso debido a su especialización. Y ni hablar de su ética. En este sentido, se entiende tácitamente que optar por un mecanismo de consulta directa a la ciudadanía en general -como se estila en algunos estados de EEUU- sería peor que el sistema actual. En una situación tan calamitosa como la que experimenta el país, con un Poder Judicial seriamente dañado por incomprensibles sentencias, en donde el flamante presidente de la CNM tiene en su haber decenas de denuncias, y donde se está a punto de elegir a los jueces miembros de la Sala Penal Nacional y aquellos que integrarán el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no sería acaso factible pensar en un sistema abierto de elección popular de jueces y fiscales?