Lima, 21 de abril de 2026. En 2025 se consolidaron retrocesos en los derechos humanos en Perú que ponen en grave riesgo el acceso a la justicia, la libertad de expresión, la libertad de asociación, los derechos de las mujeres, entre otros derechos. Esta situación se da en un contexto global marcado por ataques de poderosos Estados, corporaciones y movimientos antiderechos contra el multilateralismo, el derecho internacional y los derechos humanos, ha señalado Amnistía Internacional en la presentación de su informesobre la situación de los derechos humanos en el mundo 2025-2026.
La publicación, que describe crímenes de derecho internacional generalizados y ataques crecientes al sistema de justicia internacional que están dañando los cimientos que sustentan los derechos humanos en el mundo, expone la intensificación de hostilidades contra la sociedad civil y movimientos sociales, así como los esfuerzos para silenciar y despojar de poder a organizaciones, personas defensoras de los derechos humanos y voces disidentes.
Perú se encuentra en esta tendencia, con la aprobación, en 2025, de un conjunto de leyes que ha consolidado prácticas autoritarias e incrementado los riesgos de impunidad. En este marco, la pérdida de independencia del Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia y la Defensoría del Pueblo, entre otros órganos autónomos del Estado, ha debilitado notoriamente las garantías de acceso a la justicia de peruanas y peruanos.
La promulgación de la ley que modifica el marco regulatorio de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) dejó el trabajo de organizaciones de la sociedad civil expuesto a un control arbitrario y desproporcionado que, entre otras dimensiones, viene afectando el ejercicio de la defensa de los derechos humanos que realizan organizaciones de la sociedad civil en representación de víctimas de graves violaciones de derechoshumanos que con frecuencia no pueden pagar los elevados costos de los procesos judiciales, como por ejemplo, las familias de las víctimas mortales de la represión estatal de las protestas de 2022-2023 que buscan justicia o las víctimas de las esterilizaciones forzadas.
El acceso a la justicia se vio también debilitado en 2025 con otras normas, como la promulgación de la Ley 32419, que establece amnistía para perpetradores de graves violaciones de derechos humanos, lo cual, además de constituir un retroceso en la lucha contra la impunidad, contraviene obligaciones internacionales del Estado peruano para investigar, juzgar, sancionar y reparar estos graves crímenes. Esta medida profundiza los riesgos de impunidad y debilita la protección de las víctimas. Si bien un grupo de jueces, mediante el ejercicio del control difuso y el control de convencionalidad, rechazaron aplicar estas normas por ser contrarias al derecho, los riesgos de mayor impunidad persisten, así como la posibilidad de represalias.
“Los derechos humanos están bajo presión en Perú y el mundo. Han aumentado las prácticas autoritarias, persiste la represión de las protestas y con frecuencia se instrumentaliza el Derecho para silenciar a quienes levantan su voz contra injusticias. La humanidad debe ganar frente al orden regresivo que se quiere imponer. Destacamos la existencia de jueces que rechazan aplicar normas contrarias al derecho internacional de los derechos humanos, que podrían afectar a las víctimas en su búsqueda de justicia. Reafirmamos la importancia de fortalecer espacios de resistencia, desde la multiplicación de voces y acciones ciudadanas por la justicia de género y derechos para todas las personas”, señaló Jennie Dador Tozzini, directora de Amnistía Internacional Perú.
Otra dimensión de gran preocupación en Perú es el deterioro para el ejercicio de la libertad de prensa, con una escalada de violencia y cuatro periodistas asesinados en 2025. La violencia contra mujeres y niñas se incrementó, y a pesar de los elevados niveles de violencia machista, en 2025 se aprobó la Ley 32535, que elimina el enfoque de género y debilita las políticas públicas orientadas a abordar las causas estructurales de la discriminación y la violencia. Asimismo, persisten barreras para que niñas y adolescentes, víctimas de violación sexual, accedan al aborto terapéutico, incluso cuando sus vidas están en peligro.
«Nos enfrentamos a un orden global racista, patriarcal, inequitativo y antiderechos. Ante el avance de políticas e iniciativas que pretenden tratar a la sociedad civil como un enemigo común, desde el movimiento de Amnistía Internacional Perú no somos ni seremos espectadores. En diversas regiones del país, activistas despliegan una capacidad creativa y transformadora para hacerle frente a aquellas fuerzas que buscan silenciar la disidencia, deshumanizarnos y vulnerar la dignidad de las personas”, sostuvo Junior Vásquez Montaño, presidente de Amnistía Internacional Perú.
Internacional
En el plano Internacional, entre diferentes temas que aborda el informe, Israel continuó con el genocidio contra la población palestina en Gaza, a pesar del alto al fuego acordado en octubre de 2025, y mantiene un sistema de apartheid contra ella, al tiempo que, acelera la expansión de asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental, y avanza hacia la anexión.
A principios de 2026, el uso ilegítimo de la fuerza contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel, en abierta violación de la Carta de la ONU, provocó ataques de represalia iraníes contra Israel y países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, mientras que Israel incrementó sus ataques contra Líbano. Desde la muerte de más de 100 niños y niñas en un ataque ilícito de Estados Unidos contra una escuela en Irán, a los devastadores ataques de todas las partes contra infraestructuras energéticas, el conflicto ha puesto en peligro la vida y la salud de millones de civiles, y amenaza con causar daños de gran magnitud, previsibles y a largo plazo al medioambiente y a la población civil, que tendrán impacto sobre el acceso a la energía, la atención sanitaria, la alimentación y el agua, en una región ya turbulenta, y fuera de ella.
Por otro lado, la mayoría de los Estados no han querido o no han podido denunciar sistemáticamente los actos depredadores de Estados Unidos, Rusia, Israel o China, ni buscar soluciones diplomáticas. La Unión Europea y la mayoría de los Estados de Europa han mantenido una actitud apaciguadora respecto a los ataques de Estados Unidos contra el derecho internacional y los mecanismos multilaterales.