Este viernes 4 de abril, mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas ocurridas en el primer gobierno de Alberto Fujimori, presentaron ante la Fiscalía de turno en la sede del Ministerio Público, una denuncia penal contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, el viceministro Charles Napurí Guzmán, la secretaria técnica del Consejo de Reparaciones y otros funcionarios y servidores públicos que resulten responsables, por el incumplimiento de una sentencia de amparo que ordena que se adopte una política de reparaciones integrales para las víctimas de esterilizaciones forzadas, lo que configura la presunta comisión del delito de resistencia o desobediencia a la autoridad; así como el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y delito de abuso de autoridad cuando “el funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien”.
“Hemos venido a denunciar al ministro de Justicia, porque no nos hace caso ni hace caso a las autoridades del Poder Judicial”, señaló Dionicia Calderón, denunciante de la Asociación de mujeres afectadas por esterilizaciones forzadas de Morochucos, Cangallo, Ayacucho.
“Queremos que se haga justicia a nuestra verdad. Nosotras hemos sufrido el atropello del gobierno de Alberto Fujimori. No ha sido fácil denunciar pero estamos seguras que con ciudadanas y ciudadanos, todas vamos a seguir luchando”, sostuvo Rosa Lapa, también denunciante por la Asociación de víctimas de esterilizaciones forzadas Sumac Cusikuiwa de Huancavelica.
En la actualidad, han transcurrido 28 meses desde la emisión de la sentencia de primera instancia que se confirmó en la Segunda Sala Constitucional de Lima (16 de noviembre de 2022) y que dio origen a una nueva resolución del Quinto Juzgado Constitucional de Lima para que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos implemente la política de reparaciones integrales a las víctimas de esterilización forzada agrupadas en el Registro Único de Víctimas de Esterilización Forzada – REVIESFO, creado en el 2015.
A la fecha existen 7171 personas registradas en el REVIESFO (6982 mujeres y 189 hombres), creado en 2015. Sin embargo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha hecho caso omiso a los mandatos judiciales para el cumplimiento de esta política de reparaciones integrales que, además, debe garantizar la participación efectiva y coordinación con las asociaciones de víctimas y las organizaciones que las defienden.
“El gobierno no solo ha demostrado estar incapacitado para llevar adelante políticas públicas que garanticen derechos humanos, sino que además está cometiendo delitos. Uno de ellos es el de incumplir con la sentencia de amparo que reconoce que las víctimas de esterilizaciones forzadas deben acceder a reparaciones integrales al igual que las víctimas del conflicto armado interno. Desde el Ministerio de Justicia han dicho que las víctimas no merecen una política de reparaciones, sino solamente un plan y eso contraviene la sentencia constitucional que, además, fue confirmada”, explicó Cynthia Silva, abogada feminista denunciante.
ANTECEDENTES
La Defensoría del Pueblo recomendó directamente al Ministerio de Salud desde 1998, reparar de manera íntegralmente a cada una de las personas que “hubieran sido esterilizadas sin su consentimiento, sufrido complicaciones o fallecido como consecuencia de las intervenciones que no hubieran cumplido con los estándares de calidad aceptados en los procedimientos y prácticas institucionales y profesionales”.
El 10 de octubre del año 2003 se firmó un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) entre el Estado peruano y los familiares de la señora María Mamérita Mestanza, víctima mortal de esta política estatal.su responsabilidad internacional por la violación de los derechos humanos de Mamerita Mestanza y, entre otros compromisos, aceptó adoptar medidas de reparación material y moral por el daño sufrido e impulsar una exhaustiva investigación, tendiente a la sanción de los responsables en el fuero común.
La lucha de las víctimas ha logrado un mandato judicial claro y preciso que ordena al MINJUSDH adoptar una política garante del derecho a las reparaciones integrales que no ha cumplido. Ello a la fecha configura una desobediencia, omisión, rehusamiento y abuso de autoridad que configuran por lo menos tres delitos con agravante discriminatoria en agravio de estas mujeres que llevan tres décadas en esta lucha.