• Por una sentencia con justicia para las víctimas de Caraqueño-Pativilca y La Cantuta

La Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada ha programado para este viernes 29 de noviembre la lectura de sentencia por los casos Caraqueño-Pativilca y La Cantuta.

Caraqueño-Pativilca y La Cantuta son casos de graves violaciones a los derechos humanos acontecidas durante el régimen autoritario de Alberto Fujimori. Los militares Juan Rivero Lazo, Federico Navarro Pérez, José Velarde Astete y los miembros del Grupo Colina Santiago Martin Rivas, Carlos Pichilingue Guevara, Julio Chuqui Aguirre, Nelson Carbajal García, César Alvarado Salinas, Julio Salazar Correa, Pedro Santillán Galdós, Ángel Pino Díaz y Víctor Hinojosa Sopla, vienen siendo procesados por los delitos de homicidio calificado en la modalidad de asesinato con alevosía y desaparición forzada.

Un grupo de estos militares fueron previamente condenados por el Fuero Militar por el caso La Cantuta en febrero de 1994; no obstante, luego fueron puestos en libertad gracias a la “Ley de Amnistía” que aprobó el Congreso de la República en junio de 1995. Ahora están siendo juzgados en virtud de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Barrios Altos, que señaló que las leyes de amnistía dadas para garantizar impunidad de graves de violaciones a los derechos humanos son contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y no tienen validez, así como la sentencia del propio caso La Cantuta Vs. Perú, que señaló que el fuero militar no es la vía idónea para investigar graves violaciones de derechos humanos, en tanto no cumple con los estándares de competencia, independencia e imparcialidad.

De acuerdo con los testimonios de los testigos, la participación de los miembros del Grupo Colina en las ejecuciones extrajudiciales se realizaba por grupos. Los operativos eran grabados en video por el acusado Pedro Santillán, según declaraciones de varios de los procesados. Las responsabilidades de los acusados han sido probadas en el presente proceso, por lo que la defensa de las víctimas ha solicitado que se otorguen penas consecuentes con la gravedad de los hechos.

Durante la lectura de sentencia, la Sala integrada por los magistrados Miluska Cano López (presidenta), Otto Verapinto Márquez y Helbert Llerena Lezama, también deberá pronunciarse sobre la excepción de prescripción por la llamada “Ley de Impunidad”, debido a que los acusados han solicitado su aplicación a fin de sustraerse de la justicia.

Ya en enero de este año, el colegiado presidido por la jueza Miluska Cano condenó al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres a 19 años y 8 meses de prisión por los casos Caraqueño-Pativilca y La Cantuta, luego de que se acogiera a la conclusión anticipada. Asimismo, Jesús Sosa Saavedra, Fernando Lecca Esquén, Gabriel Vera Navarrete y Wilmer Yarlequé Ordinola, miembros de Grupo Colina, también aceptaron los cargos imputados y se acogieron a dicho beneficio, siendo condenados a entre 14 y 17 años de prisión.

Recordemos que, el 29 de enero de 1992, miembros del Grupo Colina irrumpieron en las viviendas para secuestrar y asesinar a Jhon Calderón Ríos (18), Toribio Ortiz Aponte (25), Nieves Ernesto Arias Velásquez (27), César Rodríguez Esquivel (29), Pedro Agüero Rivera (35) y Felandro Castillo Manrique (38), comuneros del Centro Poblado Pampa San José Caraqueño, en Pativilca – Barranca.

El 18 de julio de ese mismo año, el profesor Hugo Muñoz Sánchez (47) y los estudiantes de la Universidad La Cantuta Bertila Lozano Torres (23), Dora Oyague Fierro (21), Luis Ortiz Perea (21), Armando Amaro Condor (25), Juan Mariños Figueroa (32), Robert Teodoro Espinoza (24), Heráclides Pablo Meza (28), Marcelino Rosales Cárdenas (28) y Felipe Flores Chipana (25), fueron secuestrados mientras se encontraban descansando en las viviendas universitarias para ser asesinados y desaparecidos por el mismo grupo de agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), comandados por Santiago Martin Rivas.

A la fecha, continúa pendiente que la Segunda Fiscalía Penal de Lima reanude las diligencias de búsqueda de restos humanos en Cieneguilla, lugar donde el 8 de julio de 1993 se hallaron fosas clandestinas con restos óseos calcinados de las víctimas de La Cantuta. Cuatro víctimas todavía se encuentran en calidad de desaparecidos.

Las y los familiares de las víctimas continúan comprometidos con la lucha por justicia y contra toda forma de protección a graves violadores de derechos humanos. En todos estos años, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), institución defensora de derechos humanos y representantes de las víctimas, ha venido respaldando y acompañando las demandas por verdad, memoria y justicia de las y los deudos ante las instancias nacionales y supranacionales.