Olvidando que vive en un Estado de Derecho, el presidente del Congreso, el fujimorista Luis Galarreta, le pidió al presidente Pedro Pablo Kuczynski, a través de una carta, desacatar la resolución de la Corte IDH señalando que el procedimiento contra los tres magistrados del Tribunal Constitucional está amparado en los artículos 99 y 100 de la Constitución y en el artículo 89 del reglamento del Congreso.
En la carta dirigida al presidente sostiene que la Corte IDH está vulnerando los principios del Derecho Internacional Público y afectando seriamente la soberanía e independencia del Estado peruano, por lo que le exige que defienda estos bienes afectados, porque lo contrario demostraría que la Corte está por encima del Congreso.
En ese sentido, lo que sostiene Galarreta es que es posible desacatar una orden judicial solo porque no nos gusta, y desobedecer tratados internacionales que tienen el mismo peso que la Constitución peruana porque estos no responden a nuestros intereses.
La soberanía e independencia del Perú se fortalecen cuando existen mecanismos que ayudan a proteger los derechos vulnerados frente a los poderes políticos que intentan socavarlos. En ese sentido, los derechos de los magistrados, en riesgo por una resolución contraria a los apristas en el caso El Frontón, son protegidos por la medida provisional de la Corte IDH, mecanismo permitido por la Convención Americana de Derechos Humanos.
Lo que intentan los fujimoristas es sentar un nefasto precedente en donde “si un juez con un caso en trámite o un fiscal con una investigación en trámite dicen algo que no le gusta a la mayoría parlamentaria, puede ser pasible de una acusación constitucional, destituido del puesto o incluso el riesgo de ser inhabilitado”, como señala el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña, a quien se le busca destituir e inhabilitar por 10 años, socavando aún más la institucionalidad del país.
El Estado constitucional y de derecho está en peligro por la mayoría fujimorista y su abuso de poder.
