A través de varias medidas legales, la excongresista y aún miembro de la Comisión Permanente, Luciana León, está intentando salir bien librada de la investigación que le ha iniciado la Fiscalía por ser parte de la organización criminal “Los intocables ediles” de La Victoria.
Según la investigación fiscal, ella recibía cupos de entre 15 mil y 20 mil soles de parte del empresario Alexander Peña para beneficiarlo en obras que realizaría la Municipalidad de Lima. El dinero era recolectado por su asesora Betsy Matos, quien fue capturada cuando intentaba salir del país.
Las escuchas a los teléfonos de Matos y Peña se iniciaron en mayo de este año, en ellas se pueden ver las relaciones entre ambos y cómo coordinaban los pagos para ayudar a la empresa de Huerta a cambio de dinero que era recogido por el chofer de Luciana León.
León interpuso un recurso ce apelación ante el Poder Judicial, que ha sido admitido, en el que pide que no se usen en su contra las pruebas incautadas en el allanamiento a su vivienda en San Isidro y a su despacho en el Congreso por ser este ilegal debido a su puesto de autoridad.
León señala que está protegida por la ley por ser una alta funcionaria, como lo dispone el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución. La norma señala que los congresistas “no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o la Comisión Permanente”.
El recurso presentado por la excongresista también exige que se “elimine toda la información y data digital asegurada”, así como que quede sin efecto el levantamiento al secreto de las comunicaciones y la misma resolución que autorizó las diligencias.
