Ante sucesos de violencia machista que promueven mayor incidencia feminista y, por ende, se insiste en generar mayor incomodad a este sistema patriarcal que avala la violencia sistemática contra las mujeres, siempre saldrán los hombres en profunda complicidad a emitir posturas diversas, muchas de ellas amparadas presuntamente de preocupaciones y dudas, pero que no hacen más que aferrarse a los privilegios que permiten que la violencia de género sea parte de nuestra cotidianidad.

La violación colectiva de los cinco sujetos sobre una joven en el distrito de Surco en Lima no es más que la manifestación del machismo nefasto que convive con nosotras, no es un acto aislado y sobre este caso ampliamente expuesto en medios de prensa han surgido comentarios machistas que cuestionan la veracidad de los hechos, de pronto se visibilizan defensores del derecho a la presunción de inocencia, sancionadores morales que asignan la culpabilidad a la víctima por no respetar el distanciamiento social y demás personajes con posturas nauseabundas que ponen en evidencia, una vez más, la sociedad podrida en machismo en la que vivimos.

Pero como nunca nada es suficiente en esta violenta sociedad, en la escena pública ha generado también indignación el comentario vertido por el abogado de uno de los acusados, Paul Muñoz Valdeiglesias, quien en medio de su labor de defensa legal ha solicitado que se tome en cuenta en la investigación que la presunta víctima es “una chica que le gusta la vida social”, como si eso tuviera relevancia alguna en el análisis legal que se realiza en las instancias del sistema de administración de justicia. Al respecto, más de un colega y personas en general defensoras del machismo han instado a señalar que esa es parte de su labor de defensa, que es lo que le corresponde hacer, que es su trabajo y sobre esto debe quedar rotundamente claro que eso es falso, que el derecho y el ordenamiento jurídico jamás deberá guardar sintonía con posturas que busquen sustentar la perpetuidad de la violencia bajo filosofías retrógradas que busquen culpar a las mujeres víctimas de vulneraciones a sus derechos fundamentales.

El derecho a la defensa es, en efecto, un derecho que le asiste a toda persona, así se trate de un feminicida confeso, el cual está asociado al derecho al debido proceso, que está reconocido expresamente en nuestra Constitución. La garantía y protección de este derecho se sustenta además en fortalecer el orden democrático y con ello otorgar a quienes viven en un sistema de libertades un conjunto de garantías y derechos que protejan a las personas de todo abuso de poder.

Es por esta razón que hasta el más miserable de los agresores machistas debe contar con un/a abogado/a para enfrentar el proceso judicial que determina la imputación de la pena que le corresponda; sin embargo, el ejercicio de este derecho a la defensa, materializada en la labor del abogado no puede desconocer los valores democráticos y la propia esencia del ordenamiento jurídico en un Estado de Derecho que se rige por una Constitución que reconoce el respeto irrestricto a la dignidad de todo ser humano.

El ejercer la profesión del derecho radica también en ejercerla de manera ética, lo cual siempre ha sido cuestionado e increpado socialmente a lo largo de la historia de la realidad social peruana en donde la corrupción se ha mostrado bastante vinculada al ejercicio de las ciencias jurídicas. Hecho que resulta vergonzoso. No obstante, a quienes ejercemos la abogacía con espíritu feminista nos corresponde no solo increpar la alianza histórica de la corrupción y el derecho, sino también insistir en desbaratar la complicidad nefasta histórica existente entre el machismo y el ejercicio desvirtuado del derecho.

Lo mencionado y actuado por el abogado Paul Muñoz no es algo descabellado en un sistema jurídico que tiene un expertise de actuación en blindaje a violadores bajo conceptos que de jurídicos no tienen mucho, aunque traten de disfrazarlos de absoluto positivismo y principios moralistas, bastante medievales por cierto.

Si bien es cierto, existen todas las condiciones legales para sujetos miserables como los acusados de la violación colectiva tengan derecho a defenderse en un proceso judicial por las razones expuestas, resulta contrario a derecho que la defensa opte por sustentar la misma en argumentos lesivos que dañen los derechos de la mujer víctima y de toda la colectividad de mujeres que vienen enfrentando situaciones símiles en sus procesos de búsqueda de justicia.

La defensa ha de desarrollarse en probar si su patrocinado incurrió o no en el tipo penal, en “defender” respecto a la ocurrencia del hecho delictivo materia de denuncia, en acreditar la falta de culpabilidad, en caso corresponda, y en procurar la proporcionalidad de las consecuencias jurídicas que sean aplicables, incluso cuando se sentencie al criminal. Pero jamás debemos permitir que de manera descarada se utilicen como estrategia de defensa legal constructos machistas que sustentan una realidad violenta para las mujeres.

Lo realizado por el abogado en cuestión no es solo reprochable a nivel social por quienes luchamos por una sociedad libre de violencia para las mujeres, sino que además es antiético en el ejercicio de la profesión, lo cual debería ser observado por el colegio profesional al cual esté adscrito, así mismo es contrario al ordenamiento jurídico, pues tal como ha señalado la CEDAW en sus recomendaciones realizadas al Estado peruano, resulta necesaria que la legislación vigente se oriente para proteger a la mujer de cualquier tipo de violencia, por lo que la solicitud de incluir en un proceso judicial prejuicios machistas que busquen responsabilizar a la víctima de la agresión sexual por su disfrute de reuniones sociales es sabotear la dignidad de las mujeres y generar un precedente perjudicial que pondría en grave riesgo el desarrollo de la jurisprudencia en el Perú.

La complicidad machista en actos cotidianos como las violaciones sexuales tiene también su presencia en operadores de justicia, seamos vigilantes y levantemos las voces desde todas las trincheras de las cuales seamos parte, pues el delito de violación sexual no es solo un problema jurídico, es un problema social endémico que se sustenta en una sociedad patriarcal que cree que las mujeres son objetos de dominación.

La vida social de la mujer jamás será habilitante para que se perpetúe sobre ella una agresión sexual, argumento que de ninguna manera puede formar parte de un debate legal de un Estado que debe garantizar nuestros derechos. Por eso resulta necesaria la presencia no solo de un enfoque de género en el desarrollo de las distintas ramas del derecho, sino que haya la inclusión de mujeres abogadas para promover que el derecho tenga en cuenta nuestras realidades y para eso se necesita además que se instaure cada vez más el posicionamiento de abogadas feministas.